Los fallos de la Corte Suprema de hace 10 días en donde
instó a 17 distritos para que definan si van a reclamar por vía judicial la
deuda por el 15% de Coparticipación que dejaron de recibir desde 2006 para
financiar la ANSeS o si lo harán en una mesa de negociación con el Ejecutivo
nacional, sirvió para generar un abroquelamiento en torno al reclamo que se
definirá en la justicia.
El mensaje que llegará al Palacio de Justicia esta semana
será claro: las provincias no bajan el reclamo.
Hace una semana, el Máximo Tribunal intimó a las provincias
de Buenos Aires; Santiago del Estero; Salta; Tierra del Fuego; Santa Cruz;
Jujuy; La Pampa; Formosa; Misiones; Tucumán; San Juan; Chaco; Río Negro;
Neuquén; Catamarca; Mendoza y La Rioja; para que este jueves le notifiquen si
mantendrán la vía judicial o negociarán algún proceso de regularización de la
deuda con el Ejecutivo en el marco del acuerdo para impulsar una Ley Federal de
Coparticipación.
Según había explicado una alta fuente de la Corte, la
intención era que cada provincia diga "me puse de acuerdo en esto con el
Gobierno y lo mantengo". Sin embargo, esto generó una "causa
común" de parte de la mayoría de las administraciones que entienden que no
hay señales para ir por el camino de la negociación.
Varios distritos se adelantaron su intención de mantener el
reclamo por vía judicial, como fue el caso de Tucumán que planteó que "seguiremos
en la Justicia".
Además, en relación a la variante que propone la Corte, el
acuerdo Nación-Provincias firmado el 18 de mayo de 2016 y ratificado por el
artículo 24 de la Ley Nacional 27.260 surge del artículo 4º del referido
acuerdo, "...la firma del mismo no implica, de ningún modo, para la
provincia, el reconocimiento o no de la validez constitucional del artículo 76´
de la Ley 26.078, así como tampoco implica la renuncia a los reclamos administrativos
y/o judiciales que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hayan
efectuado o efectúen respecto de las detracciones comprendidas o no en el
mencionado acuerdo ..."
Los fallos que llevan la firma del presidente de la Corte,
Ricardo Lorenzetti, y de los jueces Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, no
alcanzan a provincias que ya tienen diferentes situaciones legales, como Santa
Fe que tiene fallo favorable, o Córdoba y San Luis.
