El gobierno nacional dio hoy de baja los cuestionados
convenios firmados con universidades y otras entidades educativas, como modo de
contratación de empleados públicos. El decreto 336, publicado hoy en el Boletín
Oficial, deja sin efecto a partir del 1 de abril de 2016 los acuerdos firmados
con las altas casa de estudios "cuya continuidad no haya sido expresamente
solicitada hasta el 29 de febrero” de parte del Gobierno de los funcionarios
del Poder Ejecutivo.
La normativa, que lleva la firma de Mauricio Macri,
establece que los convenios que impliquen la contratación de personal deberán
contar, además, con el visto bueno del ministro de Modernización, Andrés
Ibarra. En todos los casos deberá intervenir la jefatura de Gabinete, comandada
por Marcos Peña.
La medida tiene un impacto sensible en la planta del
personal del Estado, ya que miles de trabajadores fueron ingresados por el
kirchnerismo bajo esta modalidad. Por ejemplo, un caso emblemático es el que
ocurrió en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Allí, alrededor de 600 de sus
700 empleados habían entrado gracias a las llamadas "asistencias técnicas”
firmadas entre el Ministerio de Planificación y las universidades públicas de
Tres de Febrero,
El decreto mandata también a
El Gobierno justificó la baja de los convenios con el
objetivo de "asegurar gestión pública de calidad” a partir de una "utilización
eficiente y racional de los recursos públicos”.
Lo cierto es que la medida adoptada se inscribe en el marco
de los despidos y cesantías de empleados públicos que impulsó el Poder
Ejecutivo en todas los ministerios y organismos del Estado, que arrancó
principalmente sobre los trabajadores "precarizados” que no forman parte de la
planta estable del Estado. Los recortes en la plantilla provocaron varios
conflictos gremiales y protestas encabezadas por el sindicato ATE.
La semana pasada, el ministro Ibarra había manifestado que
estaban bajo la lupa "25 mil contrataciones efectuadas en los últimos 3
años", entre las que se cuentan aquellas realizadas a través de esta
modalidad, conocidas como "asistencias técnicas". La política
adoptada coincide también luego de que el fiscal Guillermo Marijuan iniciara
una investigación preliminar sobre el otorgamiento de fondos por parte del
Gobierno de Cristina Kirchner a universidades estatales.
Fuente: Infobae