La iniciativa fue aprobada en general por 55 votos a favor y
once en contra tras nueve horas de debate con el apoyo del interbloque
Cambiemos más el peronismo disidente y gran parte del bloque del Frente para la
Victoria.
En contra votaron un sector ultrakirchnerista, mientras que
se abstuvo Proyecto Sur.
Al ser discutida en particular, hubo varios artículos
cuestionados por la oposición, como los que hablan sobre el blanqueo y sobre la
utilización del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES para pagar las
deudas, pero que fueron aprobados, aunque con un margen menor a la votación en
general.
La ley contempla el pago de las deudas por haberes mal
liquidados a jubilados y pensionados, que se financiará en parte gracias a
reformas al Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) del Anses y en parte a
la apertura de un blanqueo de capitales.
La propuesta promueve la declaración de la emergencia en los
casos de litigiosidad previsional que permitirá al Ejecutivo firmar acuerdos
con los jubilados para pagarle los juicios que iniciaron por la mala
liquidación de sus haberes, que serán financiados con los fondos que ingresen
por el blanqueo de capitales.
No tributarán nada quienes blanqueen hasta los 305.000
pesos. Pagarán un arancel del 5% quienes blanqueen la compra de inmuebles y
capitales por hasta 800.000 pesos y del 10% para los montos mayores. Suma que
sube al 15% desde el próximo año.
Además se prevé la actualización de los haberes y se impulsa
la creación de la pensión a la vejez para mayores de 65 años, que se pagarán
con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Entre otros puntos, el proyecto establece que el programa de
reparación para jubilados y pensionados sea optativo, apuntando a un tercio de
los jubilados (casi dos millones y medio).
Podrán participar aquellos que tienen una sentencia firme
favorable en juicios contra el Estado por haberes mal calculados, quienes
iniciaron juicios pero aún no obtuvieron fallo y quienes no hicieron juicio,
pero se les reconocen haberes mal calculados.
Aquellos con sentencia firme que opten por este programa
cobrarán el 50% de la deuda en el primer mes y el resto en doce cuotas
trimestrales.
El financiamiento del programa se hará con el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. Se habilita al Estado a vender las acciones de
Anses en empresas privadas hasta un siete por ciento de la cartera que debe
permanecer en manos del Estado.
La propuesta obtuvo rápido el apoyo de los gobernadores tras
la firma del acuerdo para devolverles el 15% de la coparticipación que desde
1992 se retenía para financiar el sistema previsional.
Además se otorga un beneficio a los trabajadores de la
cuarta categoría del impuesto a las Ganancias que no están alcanzados por
Bienes Personales para que queden exceptuados del pago de Ganancias en el medio
aguinaldo de junio.
El proyecto también incluye la Pensión Universal para la
Vejez que supone el ochenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y que será
a partir de los 60 años para las mujeres y de los 65 para los hombres.
El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social,
el peronista pampeano Daniel Lovera, defendió la iniciativa argumentando que se
trata de "una reparación para jubilados” que "busca un blanqueo de capitales
para hacer frente a esa tarea”.
No obstante, Lovera destacó la "restitución” del quince por
ciento de la Coparticipación para las provincias a las que se les había
retenido desde la década de los ’90.
El presidente del bloque radical, Ángel Rozas, consideró a
la iniciativa como "trascendente”, ya que "no solo ha puesto a prueba el
carácter social y federal del gobierno nacional, sino que viene a saldar con
sensatez y equidad las deudas internas más serias que tienen los argentinos”.
En tanto, el presidente del bloque del Frente para la
Victoria, Miguel Ángel Pichetto, evaluó que "el corazón del eje de este debate
tiene como finalidad el pago a los jubilados y un compromiso y un desafío para
el gobierno”.
La peronista disidente Liliana Negre de Alonso, en tanto,
destacó que "hay una deuda pendiente” y "una violación a los derechos humanos”
en referencia a lo que se les debe a los jubilados, al tiempo que adelantó que
votará el blanqueo de capitales "porque tiene una asignación específica para
que estos fondos vayan a abonar esta reparación”.
Finalmente, la ultrakirchnerista María Labado fustigó
duramente al proyecto y denunció que "el blanqueo no garantiza el
financiamiento” del pago de las deudas.
Además, indicó que el Senado debería estar debatiendo "la
Ley del 82% móvil”, pese a que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner
vetó durante su primer gobierno una norma similar aprobada por la oposición.
Fuente: Télam