Tras meses de desgaste político y con el
rechazo de la Corte Suprema puesto, el Gobierno nacional, otra vez, volvió
sobre sus pasos y definió un aumento menor al previsto en las tarifas del gas.
La propuesta, que se presentará formalmente en la audiencia pública del 16 de
septiembre, es incrementar hasta el 300% el gas en boca de pozo. Se trata de
una rebaja del 400% para los hogares y del 500% para las empresas que ya había
corregido meses atrás el Poder Ejecutivo.
El nuevo esquema tarifario se definió ayer en
una reunión en Olivos, encabezada por el presidente Mauricio Macri y de la que
participaron los ministros Juan José Aranguren (Energía) y Alfonso Prat-Gay
(Hacienda y Finanzas), los coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y
el diputado Emilio Monzó.
Tras el fallo de la Corte Suprema, el
Gobierno revisó el ajuste tarifario implementado. Tras el fallo de la Corte
Suprema, el Gobierno revisó el ajuste tarifario implementado.
Con esta recomposición de los precios, los
hogares volverán a pagar una suba tras el fallo de la Corte Suprema que anuló
el incremento para este segmento, pero el resto de los actores sociales
-empresas, comerciantes y clubes de barrio, entre otros- tendrán algo de
alivio.
Aún así, la propuesta que se baraja sigue
siendo elevada para muchos hogares y sectores pymes, uno de los sectores que
más protestó contra el "sinceramiento" de las tarifas por
considerarlas ruinosas. Por ello, se espera que en la audiencia pública se
convierta en una batalla con la oposición política y social, aún con un ajuste
más benigno que los anteriores.
En estos meses, la cuestión tarifaria produjo
un tembladeral y un alto costo político para la Casa Rosada, al punto de
circular versiones de una posible renuncia de Aranguren. Es que el equipo del ministro
no había previsto en el cálculo la medida que adoptó Cristina Kirchner en 2014,
que abarataba el servicio a los usuarios que bajaban su consumo en un 20 y 5
por ciento. Esa resolución, junto a la suba exponencial del consumo que
conllevó este invierno -uno de los más fríos de los últimos 60 años-,
desarticuló las previsiones y produjo la catástrofe.
Los esquemas de aumentos previos tuvieron
subas superiores al 400% y en algunos casos conllevó facturas de miles de
pesos, como la del diputado Sergio Massa, que exhibió una astronómica boleta de
8400 pesos. La intención oficial es que,
de mínima, no regrese una ola de amparos y se expanda el malestar social que
puso freno al tarifazo.
"No puede haber errores ni cuestionamientos legales", les marcó el Presidente a Jefatura de Gabinete y el ministerio de Energía, según publicaron coincidentemente hoy los diarios oficialistas La Nación y Clarín.
El 300% se aplicará transitoriamente para los
productores de gas en boca de pozo, hasta que comience a entrar en vigencia la
revisión integral de las tarifas el año que viene, que se resolverá en octubre.
Con respecto a la distribución, que representa el 21% del costo de la boleta
que llega al hogar, el incremento todavía no está resuelto.
Si el nuevo esquema prospera, el recorte de
los subsidios a los usuarios será menor que el previsto. El 15% del costo del
gas que el Estado había calculado pagar antes del fallo quedará ahora en 45%,
pero irá bajando paulatinamente hasta quedar en 0% en el transcurso de tres
años.
Hoy, el Estado nacional subvenciona casi el
85% del costo del gas que consumen los hogares, aunque este sector solo
representa el 25% del total de sistema.