La apertura del juicio oral por delitos de
lesa humanidad que se lleva a cabo en Santiago del Estero tiene estrecha
relación con la patética historia del Poder Judicial de los últimos 25 años en
Catamarca. Uno de los imputados en esa causa, el exjuez y exfiscal federal
Santiago Olmedo de Arzuaga, fue una de las herramientas utilizadas por el poder
político local en los ‘90 para llevar a cabo el montaje de lo que fue el
segundo juicio del Caso Morales.
Cómo
llegó a ocupar el cargo de camarista e impartir justicia en la provincia
durante más de una década es sólo una muestra más de cómo la noción de
independencia de los poderes fue bastardeada por el gobierno que en 1991 encaró
el naciente Frente Cívico y Social.
Olmedo de Arzuaga llegó a Catamarca en 1997.
Fue a merced de una convocatoria a nivel nacional que el gobierno de Arnoldo
Aníbal Castillo hizo para conformar el tribunal que debía llevar a cabo el
juicio oral por el crimen de María Soledad Morales, que llevaba siete años
revolcado en escándalos políticos y judiciales sin precedentes.
Con euforia por la victoria de abril de aquel
año y contando con el apoyo incondicional de la prensa nacional que danzaba al
ritmo que imponía el Grupo Clarín, Castillo intentó encausar el oprobioso
papelón en el que había naufragado aquel primer juicio que terminó suspendido
por el grotesco de las supuestas señas entre los jueces Juan Carlos Sampayo y
María Alejandra Azar, que flanqueaban en el estrado al impetuoso Rodolfo Ortiz
Iramaín.
Castillo necesitaba una condena. Pero no
cualquiera. Necesitaba que la Justicia declarase culpable a Guillermo Luque,
porque en él se sintetizaba el estigma de los "hijos del poder” -o del saadismo
para ser más precisos-. Así quedó reflejado en el escándalo que sacó a la luz
una abogada rionegrina que parecía la candidata a presidir el tribunal. Cuando
se entrevistó con las autoridades locales, sin medias tintas denunció: "Me
ofrecieron un sueldo diferenciado, una casa de nivel y otras prebendas para que
condenara”.
Aquel escándalo pocas veces recordado en el
marco de lo que fue el Caso Morales abrió la puerta para que mediante un
decreto se conformara un Consejo de la Magistratura que supuestamente iba a
darle transparencia a la selección de los jueces. La historia dirá que fue otra
farsa más. Un burdo maquillaje para lograr el propósito original, que era
dictar una condena. Sólo faltaba quién sería el que presidiría el tribunal. Y
allí apareció Olmedo de Arzuaga, servil a esos propósitos.
Antecedentes
Poco se conocía del flamante presidente de la
Cámara Penal Nº 2, a quien flanquearon Jorge Álvarez Morales y Edgardo
"Cococho” Álvarez. Pero el bullicio del reinicio del juicio oral sirvió para
meter bajo la alfombra la poca rigurosidad con la que se habían analizado sus
antecedentes.
Tal
como denunció la abogada rionegrina, a Olmedo de Arzuaga también se le dio una
vivienda, ubicada en la villa veraniega de El Rodeo, donde vivió durante los
casi 10 años que actuó como camarista en Catamarca, lo cual también le servía
para sumar a sus ingresos un adicional por la distancia que debía cubrir para
cumplir con sus funciones.
Sabemos cómo terminó el juicio. La condena
cantada para Luque y Luis Tula no se sostuvo con el peso de las pruebas, sino con
las maquiavélicas maniobras políticas. Tanto que el fallo dictado el 27 de
febrero de 1998 festejado por la prensa nacional narró episodios supuestamente
probados, se resolvieron 33 procesamientos por falso testimonio y se ordenó la
detención de dos personas más como coautoras del crimen: Hugo Ibáñez y Eduardo
Méndez.
Ambos fueron sobreseídos un año después
porque la Justicia no pudo probar su participación, aunque fueron valoradas las
mismas pruebas con las que sí condenaron a Luque y Tula.
Una década después
Con la misión principal cumplida, Olmedo de
Arzuaga permaneció en Catamarca integrando o presidiendo en forma rotativa el
tribunal de la Cámara Penal Nº 2, cargo desde donde dictó sentencias en cientos
de causas.
Durante 10 años, nadie se preguntó por el
pasado de Olmedo de Arzuaga. Los crímenes de lesa humanidad dormían por
entonces en el olvido en el que lo habían enterrado las leyes de obediencia
debida y punto final en los principios de los años ‘90. Pero quiso el destino
que el gobierno kirchnerista pusiera fin a aquellas leyes que garantizaron la
impunidad de los represores para que se reabriera, en todo el país, los juicios
contra los represores y sus colaboradores.
En esta última calificación ingresa Olmedo de
Arzuaga, cuya investigación fue abierta en 2004, pero logró que la Justicia
santiagueña -en una actitud más corporativista que jurídica- lo sobreseyera en
distintas instancias.
En 2007, durante el mes de febrero, se
conoció uno de los fallos que implicaba a Olmedo de Arzuaga. Esa situación
forzó la renuncia del camarista, que trató de disimular afirmando que su
alejamiento se debía a que había tramitado su jubilación. Por esos meses, la
entonces presidente de la corte local, Amelia Sesto de Leiva, se despegó la
situación del controvertido camarista y sumó un dato más para certificar las
condiciones irregulares con las que había sido designado en Catamarca, al
señalar que el único documento que figuraba en el legajo del magistrado era una
copia certificada de su título de abogado. Nada decía de su obscuro pasado
procesista.
La causa en Santiago del Estero avanzó
lentamente. En 2012, meses después de que el Tribunal Oral Federal de Santiago
del Estero lo sobreseyera porque los delitos estaban prescriptos, la Sala IV de
Casación estableció que se trata de crímenes de lesa humanidad, por ende
imprescriptibles. Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo
Hornos calificaron la actuación del exmagistrado como "piedra basal de la
impunidad” de los represores santiagueños y compararon el rol del Poder
Judicial santiagueño durante la dictadura con "la judicatura de la Alemania
nazi”.
"Literalmente me abalancé (sobre Olmedo de
Arzuaga) pidiéndole que me escuchara porque tenía que hacer una denuncia muy
grave acerca de las torturas mías y de otras personas que estaban secuestradas
en el Side durante largo tiempo”, declaró Mercedes Cristina Torres en
referencia a la dirección de Informaciones de Musa Azar. "Me contestó que le
pidiera una audiencia por escrito, (lo cual) me era imposible”, expresó.
"Los presos políticos les decían que habían
sido torturados o habían sido sumergidos en agua por la Policía. Ellos -Olmedo
de Arzuaga y el exjuez Liendo Roca, imputado junto él- les respondían que era
mentira y les pedían que firmaran las declaraciones”, manifestó el fiscal
federal Fernando Gimena, uno de los acusadores. "Ellos no ingresaron al sótano
donde estaba el centro clandestino”, pero sí "iban a las oficinas de Musa Azar,
que estaban en el piso de arriba y de otros policías torturadores”, agregó.
Las actuaciones de Olmedo de Arzuaga en Santiago del Estero y en Catamarca guardan una estrecha relación. En ambas provincias, primero durante la dictadura militar y luego durante el gobierno de Arnoldo Castillo, su accionar estuvo condicionado no por un afán de administrar justicia, sino de ser una herramienta del poder dominante para fines tan específicos como deleznables.
Publicado en El Esquiú.