Según publicó La Nación, el plan que puso en marcha un
equipo que lidera el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, tiene como
premisa que "ningún protagonista pierda". Ése será el principal
argumento para convencer a los gobernadores, a quienes convocó para el 2 de
febrero con el objetivo de discutir el futuro régimen de coparticipación, una
reforma impositiva integral y las paritarias.
"Tenemos que tener un acuerdo con las provincias no
sólo para empezar a reducir la tremenda carga impositiva que tiene el país,
sino también para mejorar la calidad de nuestros impuestos. Arrancamos hace
unos meses con los gobernadores, con un acuerdo para avanzar y poder discutir
este año una nueva ley de coparticipación", dijo Frigerio.
Deuda de la democracia desde la sanción de la reforma
constitucional de 1994, la ley de coparticipación nunca se trató por dos
factores: los distintos gobiernos nacionales utilizaron la distribución de
recursos como una forma de disciplinamiento y las provincias beneficiadas por
la actual norma no querían ceder.
En el Gobierno insistieron en que ninguna provincia perderá
los beneficios que percibe hoy por el régimen de coparticipación, pero deberán
mejorar sensiblemente la administración de los recursos.
Según el plan, el Gobierno propondrá "utilizar la
metodología de las capacidades fiscales y necesidades de gasto, pero deberá ser
consensuado". La cuenta sería así: primero se calculará lo que cada
provincia necesita gastar para mantener la calidad de los servicios que ofrece
y lo que debería recaudar de recursos propios para financiarlo. La diferencia
entre una y otra cantidad determina el reparto de la coparticipación.
En el trabajo que les presentarán a los mandatarios
provinciales se destaca que lo que se reordenará con la nueva ley es lo que se
recaude de más. Y el Gobierno quiere que la nueva norma se actualice sola.
Si bien el reparto en la actualidad debería ser 57% para las
provincias y 42% para la Nación, lo cierto es que no ocurre de esa manera. La
participación efectiva que reciben las provincias del total de los recursos
nacionales recaudados por la AFIP es del 29%.
Esa inequidad es la que busca terminar la administración de
Macri. Este año la estimación es que serán transferidos a las provincias $
731.084 millones, un 29,2% más que el año pasado, según un informe del Cippec.
