En este contexto de amenazas, uno de los más buscados –según Farroni- para ser el blanco de amenazas es el presidente del Concejo Deliberante, Martín Garay, quien en reiteradas oportunidades recibió la visita en su domicilio de un grupo de asambleistas de El Algarrobo para incitarlo a aprobar el proyecto para convocar a un plebiscito minero en Andalgalá.
Esta situación fue lamentada por el fiscal, quien además remarcó que el Concejo Deliberante no tiene facultades de convocar a un plebiscito minero en Andalgalá, pero que -sin embargo- podría ser impulsado en las próximas sesiones gracias a los ataques de los antimineros.
“Nuestra postura es clara, una ordenanza de este tipo excede las potestades del Concejo. Aún así, no descartamos que lo vayan a aprobar, ya que se ejercen presiones sobre los concejales. Por ejemplo, un grupo del Algarrobo fue a la casa del presidente del Concejo para ejercer presión o pedirle su postura sobre el plebiscito. Una situación lamentable”, aseguró.
De esta manera, Farroni planteó un escenario de “impunidad” en la Perla del Oeste, frente a estos hechos que tienen un alto grado de gravedad. “En un estado de derecho no se puede vivir esto”, sentenció.