Hemos conocido jefes comunales que admitían no haber concluido estudios secundarios pero desempeñaron sus funciones acertadamente sin violar ninguna ley.

Según parece, no sería éste el caso del intendente Elpidio Guaraz quien, invocando los términos de una ordenanza sancionada en su municipio, comenzó a aplicar un tarifazo en concepto de peaje en la Ruta  Nacional Nº 64.

La cuestionable ordenanza dispone el cobro de peaje a camiones con o sin acoplado y automóviles. Ni los tractores se salvan del pago de una suma de dinero. Por si esto fuera poco, el instrumento santarroseño disponer el pago de $ 15 por fumigación a los camiones.

No es la primera vez que este jefe comunal “es noticia” dado que con anterioridad ha sido denunciado por diversos atropellos.

En el caso que motiva este envío, altos funcionarios de la Delegación Catamarca de la Dirección Nacional de Vialidad le han notificado de la prohibición existente pero este intendente, al parecer, ignora o se hace el ignorante en lo tocante a no tener jurisdicción sobre rutas nacionales. Desconocería incluso, que una ordenanza municipal no puede sobrepasar una ley tanto sea nacional como provincial.

Se hace cuesta arriba admitir que Elpidio Guaraz carezca de un mínimo de conocimientos como para incurrir en estas violaciones a la ley. Como funcionario público está obligado a respetar todas las leyes y disposiciones en vigencia y no puede alegar ignorancia.

Con su actitud evidentemente provocativa, se ha colocado al margen de la ley y el hecho de que necesite recaudar fondos para su municipio no lo va a salvar, llegado el caso, de que sea procesado, condenado y que le apliquen todo el peso de  ley.

A las autoridades se les presenta la ocasión de aplicar un castigo ejemplar, antes que a otros intendentes se les ocurra emplear el mismo sistema para juntar plata.