El sujeto fue alojado en la Comisaría luego que la Cámara de
Apelaciones revocara el fallo. El caso había salido a la luz cuando la Policía
fue al domicilio porque el hombre se encontraba atacando a su pareja, madre de
las menores. Allí, se develó la aberrante historia. El sujeto había embarazado
a una de las adolescentes.
El jueves 4 de mayo se desarrolló la audiencia de apelación
y se decidió revocar el fallo de la jueza de Control de Garantías, Corina
Pérez, quien en noviembre había resuelto excarcelarlo y le había fijado una
caución real, tras declarar la nulidad del decreto de determinación del hecho.
Previamente, la defensa del sujeto había solicitado el
control jurisdiccional en la causa y en esa audiencia se resolvió darle la
libertad con una caución real de 30 mil pesos. En ese momento, la fiscal
Virginia Duarte Acosta había solicitado que siga detenido y sea enviado al
Penal.
Desde el Juzgado de Control se consideraba que el sujeto,
que trabaja en una empresa de la zona y no tiene antecedentes penales, no podía
ser capaz de una posible fuga por no poseer los medios económicos para hacerlo.
De ese modo, su libertad no ponía en riesgo el proceso
judicial, aseguraba la resolución del Juzgado, desde donde se solicitaba que el
hombre registrara su firma diariamente en la comisaría de Recreo. Esto debía
ser informado mensualmente a la Fiscalía.
Las condiciones para su libertad establecían que debía
respetar las restricciones de acercamiento a no menos de 500 metros por
cualquier vía o medio con los denunciantes, es decir su mujer y las personas
que declararon durante la investigación, como sus hijastras.
En esta línea, la Justicia determinó la exclusión del hogar
para el sujeto y lo obligó a constituir un nuevo domicilio de residencia, donde
fue detenido el 5 de mayo.
La fiscal Duarte Acosta apeló la sentencia, pues entendía
que las víctimas quedaban desprotegidas absolutamente con la libertad del
denunciado.
El caso había salido a la luz el 6 de noviembre por la
denuncia de la mujer, tras lo cual el sujeto fue imputado por violencia de
género y por el delito de abuso sexual con acceso carnal por los ultrajes
contra su hijastra de 15 años, con quien había concebido un hijo, y contra otra
de 13.
Las dos menores, en su declaración ante la fiscal habían
salido en defensa del sujeto, de quien aseguraban era el sostén de la vivienda.
Por ese rol, las adolescentes habían llegado a generar "un alto grado de
empatía con su padrastro", de acuerdo con lo manifestado ante los
investigadores.