"Copiar un video a elección por 15 minutos",
"ayudar a depilarme y bañarnos juntos"; "hacer un trío completo
durante media hora y elegir un video". Esas son algunas de las perversas
prácticas sexuales ideadas por dos empleados estatales de la provincia de
Catamarca para someter a varias adolescentes. El método: escribían las
consignas en "papelitos" y luego se las repartían a las víctimas.
Los acusados son Jorge Cardozo, un funcionario de la Cámara
de Diputados, y Roberto Acosta, trabajador del Tribunal de Cuentas. De acuerdo
con la investigación, habrían obligado a chicas menores a participar de orgías
y a consumir drogas en un departamento alquilado. Al parecer, los empleados
estatales comenzaron con esta práctica hace al menos 2 años.
Para lograr su objetivo, en aquel momento convencieron a una
joven de 16 años para que fuera nexo entre los abusadores y las víctimas. Los
acusados se aprovecharon de la adicción a las drogas de la menor para obligarla
a que les llevara a las chicas al departamento. Es decir, le ofrecían
estupefacientes a cambio de que los acercara a las víctimas. Hoy, la joven
tiene 18 y también fue detenida.
La denuncia de la madre de una de las víctimas dio origen a
la investigación que permitió la captura de los tres sospechosos. Tras el
allanamiento en el inmueble, encontraron pornografía, juguetes sexuales,
profilácticos, celulares, fotografías y videos de alto contenido erótico que
mostrarían las prácticas a las que habrían sido sometidas las chicas.
Algunas de las órdenes escritas en los "papelitos"
son aberrantes. Ordenaban, por ejemplo, la realización de varias prácticas
sexuales, en las que se incluía por ejemplo el consumo de droga sobre las
partes íntimas de las menores y el uso de juguetes sexuales. La investigación
fue llevada adelante por la Fiscalía de Instrucción N°3, a cargo de Ricardo
Javier Herrera.
Los acusados declararon el lunes ante el juez José Antonio
Carma, quien definirá en las próximas horas si mantiene detenidos a los
sospechosos. Los tres están acusados por el delito de "corrupción de
menores" previsto en el artículo 125 del Código Penal, cuya pena difiere
de acuerdo con la edad de la o las víctimas. En este caso, el único caso
denunciado es el de la adolescente de 15 años, por lo que recae el inciso 2,
que prevé una pena que oscila entre los 3 y los 10 años de prisión.
Entre otros detalles, se supo que Acosa -uno de los acusados-
cuenta con una causa elevada a juicio por "fraude a la administración
pública" y en la que se investigó una serie de maniobras irregulares
supuestamente para favorecer en obras al neuropsiquiátrico.
Fuente: Infobae