El documento dice lo siguiente:
Petitorio de Justicia y Reparación a las víctimas de Enrique Aybar:
Ante la suspensión de la Audiencia que debió realizarse días pasados para juzgar el delito de abuso sexual del señor Enrique Aybar, actual intendente de la Jurisdicción de Puerta de Corral Quemado, desde las organizaciones y activistas que conformamos la Asamblea Ni Una Menos, de Mujeres y disidencias de la Provincia de Catamarca nos dirigimos a ustedes y a la comunidad en general:
Alzamos nuestras voces para exigir, una vez más, no solo el inmediato enjuiciamiento de Enrique Aybar, sino la reparación de la comunidad de Puerta de Corral Quemado; expuesta a manifiestas condiciones de asimetría estructural de poder que envuelven a las víctimas y sumen a toda la comunidad local a verse sometida a prácticas intimidatorias y de hostigamiento generalizado. La Justicia no puede hacer caso omiso ya que ello involucra la configuración de un escenario de indefensión, de vulneración y de precarización de las garantías y de los derechos más fundamentales de quienes han sido víctimas de abuso, y de quienes tuvieron la valentía de denunciar esos crímenes. En este marco, la dilación de la Justicia se hace cómplice de esa pedagogía del terror del orden patriarcal, pero también supone una vulneración del Estado de Derecho en sí, bajo cuyo orden, mínimamente, esperamos convivir.
Estamos ante un hecho que refleja de manera clara lo que desde los movimientos venimos denunciando: "la violencia sistemática del Sr. Enrique Aybar ". Violencia alimentada por el ejercicio de espacios de poder que pone en manos de este abusador todos los recursos estatales para mantener y ocultar los delitos cometidos de naturaleza sexual contra los cuerpos de las mujeres y las infancias de la Jurisdicción de Puerta de Corral Quemado.
Expresamos nuestro repudio a su accionar y al de sus defensores inescrupulosos de su falsa inocencia, que advierten y amenazan a quienes se animan a denunciar públicamente -en medios de comunicación y en redes sociales- aprovechando el miedo que genera al ser quien dispone del destino laboral y económico de sus habitantes. Entendemos que el debate oral con la producción de la prueba tiende de manera dialéctica a establecer la verdad del hecho particular que se juzga, pero también debemos advertir que no abarca toda la realidad que subyace al caso en cuestión, conformada por el entramado perverso de otras denuncias contra el imputado que duermen en diferentes fiscalías, las constantes amenazas y persecución quienes denuncian, sus familiares y personas que acompañan a las víctimas, un grupo de otras mujeres que no realizaran la denuncia por los delitos de lo que han sido víctimas, por estas mismas circunstancias.
Acompañamos y aplaudimos la observación de todas las garantías que rodean el proceso penal, y que se asientan en el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, el imputado no solo goza de todas las garantías dentro del proceso, sino por afuera de todos los recursos que le brinda su posición política e institucional. A pesar de la perspectiva de género impuesta a través de la Ley Micaela, observamos que la relación de poder es asimétrica y desigual, ubicando a la víctima - denunciante en el lugar de la parte más débil. La víctima en el caso concreto se ve revictimizada una y otra vez, fuera y dentro del proceso, como lo define la Ley 26.485, en su art. 4 donde se expresa que la violencia tiene como presupuesto material la relación de poder desigual, observable de manera indiscutible en este caso.
La suspensión del debate, si bien respeta el debido proceso, revictimiza, en estos términos, a su víctima y su familia. Por esto exigimos una condena efectiva. Pero es insuficiente, aún con la pena impuesta y su efectivo cumplimiento no se restaura el orden jurídico que el delito alteró, no se repara la historia de las mujeres abusadas y las infancias ultrajadas del pueblo.
Por ello exigimos que a la par de una sanción penal ejemplificadora, el tribunal decida que las autoridades competentes de los tres poderes, garanticen la atención integral de las víctimas de abusos sexuales, aseguren la aplicación de los protocolos vigentes, se inicien las campañas previstas en la normativa vigente para prevenir la violencia de género, se capacite en la ley Micaela, y se articulen todas las instituciones necesarias para brindar a la Jurisdicción de Puerta de Corral Quemado, la posibilidad histórica de reparar los abusos cometidos por el sr. Enrique Aybar.
La decisión del Tribunal sobre la culpabilidad del imputado no agota la función judicial, necesitamos una perspectiva transversal que aborde los delitos cometidos en contexto de violencia de género, donde la parte débil y desprotegida es la víctima.
Estamos ante un hecho que revela cómo la violencia estructural atraviesa hace décadas el tejido social. Por eso, reiteramos que es necesario y determinante la creación de un registro de imputados y sentenciados por delitos en contexto de violencia de género, para acelerar y volver eficaz la función judicial y para que estos sujetos no puedan acceder sin más a espacios de poder público, sea por elección o designación. Solo con estas decisiones se restaurará el orden jurídico e institucional alterado por el accionar del imputado.
Asamblea Ni Una Menos Catamarca
