Con su finalización, la oferta de divisas disminuye y la demanda privada, tanto de empresas como de particulares, vuelve a imponerse, generando presión alcista sobre el dólar oficial.
Durante la vigencia del beneficio agroexportador, el Tesoro acumuló más de 2.100 millones de dólares en compras netas, fortaleciendo la posición oficial frente al mercado. Sin embargo, ese impulso extraordinario tenía fecha de vencimiento. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), el último día para liquidar bajo ese régimen fue el martes pasado, lo que marca el inicio de una etapa con menor oferta de dólares. Sumado a ello, la liquidación de salarios en pesos aumenta la demanda minorista, configurando un escenario de tensión cambiaria.
En los últimos días, la brecha cambiaria alcanzó niveles máximos desde la instauración del esquema vigente, reduciendo los incentivos para que los privados liquiden divisas a precio oficial. El contado con liquidación opera por encima del techo de la banda cambiaria, lo que estimula la retención de dólares y alimenta expectativas de un salto hacia arriba del tipo de cambio oficial.
Frente a este contexto, el Gobierno reforzó sus intervenciones. El Tesoro estaría utilizando unos 2.500 millones de dólares de sus depósitos propios, mientras el Banco Central actúa en el techo de la banda —ubicado actualmente en $1.481,8— complementando con operaciones en futuros por al menos 7.000 millones de dólares. El objetivo es sostener la calma cambiaria hasta las elecciones nacionales, confiando en que la dolarización precautoria se reduzca después del 26 de octubre.
No obstante, especialistas como Max Capital advierten que la estrategia actual es costosa y podría no ser sostenible a largo plazo, ya que requeriría tasas de interés superiores al 100% para mantener su eficacia en las semanas previas a los comicios.
Como segunda opción, el Gobierno analiza implementar restricciones adicionales a la compra de divisas, como limitar la cantidad adquirida por individuos o bloquear operaciones a través de billeteras virtuales. Estas medidas, si bien podrían reducir la presión sobre el dólar minorista, tendrían un alto costo reputacional y afectarían la confianza política y económica.
Analistas señalan que una alternativa más consistente sería permitir una flotación libre del peso tras las elecciones, acompañada de asistencia externa, por ejemplo de organismos internacionales o Estados Unidos. Este esquema evitaría intervenciones costosas o nuevas restricciones, aunque implicaría un repunte inflacionario moderado.
Argentina enfrenta un dilema claro: sostener artificialmente la calma mediante costosas intervenciones o aplicar restricciones que podrían postergar la corrección cambiaria. El camino elegido en las próximas semanas será determinante no solo para la estabilidad financiera, sino también para el clima político previo a las elecciones.