Esta vez, el objetivo es el sistema de salud, donde la eliminación de la intermediación de las obras sociales sindicales marcará un antes y un después para millones de trabajadores.
Desde diciembre, los trabajadores ya podían optar por girar directamente sus aportes a empresas de medicina privada, una alternativa que, según el gobierno, no tuvo gran acogida. A pesar de esto, la medida se vuelve obligatoria con la publicación de la Resolución 1/2025, que modifica el curso de los aportes, exigiendo que los fondos de salud vayan directamente a las prepagas, sin pasar por las obras sociales sindicales.
El ministro de Salud, Mario Lugones, fue tajante al explicar que esta medida pone fin a un negocio que, según él, representaba más de $30.000 millones por mes en "costos adicionales", que solo beneficiaban a los intermediarios que no ofrecían servicios de salud. Para los trabajadores que aún prefieran la obra social intermediaria, tendrán un plazo de 60 días para realizar el trámite correspondiente.
A esta medida se suma la tensión con la CGT, que se había sumado a una protesta días antes. Si bien la manifestación fue motivada por comentarios de Milei sobre la diversidad de género, no fue casualidad que el gobierno anunciara este cambio justo después de la convocatoria. Las grandes obras sociales sindicales, que tenían acuerdos con prepagas, verán afectada su estructura de ingresos.
El cambio también pone fin a una larga disputa entre los sindicatos y los gobiernos, que comenzó en los años 90 con la reforma del sistema de salud. La decisión de Milei se da en un contexto donde los gremios luchan por conservar una porción de los aportes que, en muchos casos, terminaban en manos de las grandes prepagas.
¿Qué implica esto para los trabajadores? En la práctica, aquellos que ya hayan optado por el giro directo verán una reducción en el valor de su cuota mensual, mientras que los que no lo hayan hecho, probablemente notarán un aumento en su aporte, lo que podría resultar en una disminución del precio final que deberán pagar por el servicio.
El gobierno asegura que con esta medida, los trabajadores verán un beneficio económico en el corto plazo, pero el impacto para las obras sociales sindicales podría ser considerable. El tiempo dirá si esta medida logra aliviar la carga de los trabajadores o, por el contrario, generará nuevos conflictos en el sistema de salud.