El expresidente Alberto Fernández amplió su declaración indagatoria en el marco de la causa conocida como “Seguros”, luego de que el expediente pasara a estar a cargo del juez Sebastián Casanello. La presentación fue realizada más de seis meses después de su primera comparecencia ante el entonces juez subrogante Julián Ercolini, quien había sido recusado por el exmandatario.
Según detalló el estudio jurídico que representa a Fernández, con la incorporación de nuevas evidencias al expediente —que no lo comprometen directamente— el exjefe de Estado solicitó ser escuchado nuevamente para reafirmar sus argumentos y aportar datos objetivos sobre la legalidad de los hechos investigados. En esta instancia, también pidió que se produzcan una serie de pruebas ya ofrecidas, entre ellas declaraciones testimoniales de funcionarios como Vilma Ibarra, Santiago Cafiero, Adriana Guida, Martín Guzmán y Miguel Pesce.
Desde la defensa explicaron que Fernández consideró necesario que su testimonio sea valorado por un magistrado que garantice la imparcialidad del proceso. Además, reiteraron que no existió ninguna orden o gestión directa del entonces presidente para beneficiar a firmas aseguradoras. Por el contrario, señalaron que las decisiones tomadas tenían como objetivo proteger el patrimonio estatal y reducir la intervención de terceros.
“El Dr. Alberto Fernández no participó jamás de ninguna maniobra tendiente a perjudicar el patrimonio estatal; todo lo contrario, buscó protegerlo”, expresaron sus abogados. Y concluyeron con un llamado a que la causa tenga una resolución “independiente de presiones externas”.