"¿No
puede decir nada?", le preguntó el periodista. "¿Cómo está tomando
las resoluciones de la ONU, de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos?", interrogó sin respuesta.
En
ese momento, toma el teléfono una mujer que se identifica como la "oficial
Domínguez, de la Unidad 3" y dialoga brevemente con Sylvestre. "Sabe
que (Sala) no puede hablar porque no se encuentra autorizada por el juez. No
puede seguir hablando", dijo la guardiacárcel e interrumpió abruptamente
la llamada.
Tras
remarcar la prohibición que tiene Sala para hablar con los medios, el conductor
resaltó que fue la oficial que tiene permanentemente al lado la que cortó la
comunicación. "Esas son las condiciones en la que la tienen
detenida", enfatizó Sylvestre.
La
electa diputada del Parlasur está apresada en el Establecimiento Nº 7 del
Servicio Penitenciario jujeño, a 100 kilómetros de la capital provincial. Fue
detenida el 16 de enero, imputada por "instigación" a raíz de un
acampe de protesta frente a la sede del gobierno de Jujuy y, desde abril, se la
investiga además por el presunto manejo irregular de fondos públicos destinados
a la construcción de viviendas populares, entre otras causas penales impulsadas
por el fiscal de estado jujeño Mariano Miranda.
Meses
atrás al menos 12 guardiacárceles jujeñas fueron imputadas por "violación
de los deberes de funcionario público en coautoría" por un hecho ocurrido
el 4 de junio pasado cuando, desde la cárcel, la dirigente social realizó una
comunicación telefónica con Buenos Aires.
Esa
llamada del 4 de junio tomó estado público luego de que Sala recibiera un
llamado telefónico de parte de Gabriel Mariotto, "en el marco de las
comunicaciones que tienen todas las personas privadas de su libertad" y la
comunicación que "fue grabada por éste y luego reproducida en un Plenario
del Partido Miles", según comunicó la organización barrial Tupac Amaru.
Por
ese motivo, el fiscal de Investigación 4 Aldo Lozano, quien inició "de
oficio" el expediente y calificó de "muy grave" lo ocurrido
porque "se violaron normas del Servicio Penitenciario".
Según
informó Lozano, "existe una normativa penitenciaria a nivel provincial y
nacional sobre la prohibición absoluta de que las detenidas tengan celulares en
su poder y puedan realizar comunicación hacia el exterior".
"Esta
prohibición es por razones de seguridad no solamente de las otras internas sino
del mismo personal penitenciario. Otras personas puedan correr peligro si una
detenida hace una comunicación al exterior", explicó el fiscal.