Un grupo de
"me too" recurrió a esta idea volviendo a acusar al país en el
juzgado de Thomas Griesa por "daños irreparables" por la emisión de
abril de 2015 del Bonar 24. Es la misma causa que había iniciado en septiembre
del año pasado el fondo buitre Elliott, y que siguieron linealmente otros
acreedores como Aurelius, Olifant y, curiosamente, el NM de Kenneth Dart, que
hoy por hoy, es aliado de la estrategia del Gobierno de Mauricio Macri.
Los fondos que se presentaron ante Griesa son ARAG-O Limited, ARAG-T Limited, ARAG-V Limited, Yellow Crane Holdings, L.L.C., MCHA Holdings, LLC, Honero Fund I, LLC, Red Pines LLC, Procella Holdings, L.P., Trinity Investments Limited y el Spinnaker Global Emerging Markets Fund.
De este listado el que más bonos tiene en su poder es el Trinity, con unos u$s 6,3 millones, se supone, comprados entre enero y diciembre de 2013, cuando ya el país había perdido el "juicio del siglo".
Todos se sumaron al
llamado que en agosto del año pasado hizo Griesa para incorporarse a los
reclamos contra Argentina, en un movimiento que el magistrado de Nueva York
promovió para complicar más al país en tiempos en los que se enfrentaba directa
y personalmente contra el Gobierno de Cristina de Kirchner.
Todos estos bonistas están además dentro del listado de acreedores que rechazaron la semana pasada la oferta que ante el mediador Daniel Pollack llevó el secretario de Finanzas, Luis Caputo. Estos "me too" decidieron no sólo acompañar a Elliott y Aurelius, los instigadores de la oposición contra la propuesta, sino que fueron más allá y se presentaron ante Griesa para complicar más al país.
Desde Buenos Aires
suponen que en realidad este grupo encabezado por Trinity, obedecen linealmente
a lo que ordene Paul Singer y sus estrategas de Elliott. Como este ya había
presentado su demanda por los "daños irreparables", y no teniendo más
presentaciones judiciales para hacerle al país, escogieron (dicen desde el
Gobierno nacional) profundizar las acusaciones contra la Argentina en un caso
que ya había sido aprobado por Griesa. El juez declaró a mediados del año
pasado la emisión del Bonar 24 como ilegal y pasible de embargos.
Según el fallo de Griesa, estos bonos están alcanzados por la cláusula "pari passu" y serían además pasibles de la aplicación de la cláusula Discovery a la Argentina, contra la emisión del bono. Esto es, detectar si esos fondos están siendo operados dentro de los Estados Unidos, en qué cuentas están depositados y qué clientes fueron los que los adquirieron.
Aurelius además le
pide al magistrado neoyorquino que se reserve el derecho de verificar y
controlar toda la deuda en dólares que eventualmente la Argentina vuelva a
emitir y que investigue a fondo la intervención potencial de entidades
financieras con sede en los Estados Unidos como agentes de colocación del
papel.
El Bonar 24 fue lanzado por el Gobierno de Cristina de Kirchner el 21 de abril pasado, desde Buenos Aires y sin la intervención de ninguna entidad financiera como operadora. Con esta emisión, la Argentina, según la visión de Griesa, habría incumplido su decisión de junio de 2014 (que se desprendía del rechazo de la Corte Suprema de los EE.UU. a aceptar la apelación del fallo de fondo a favor de los fondos buitre) que le impedía al país emitir deuda fuera del mercado norteamericano o pagar vencimientos de bonos ya cotizantes.
Luego, en septiembre del año pasado, la
Argentina hizo efectiva la acción, y comenzó a pagar vencimientos de deuda en
Buenos Aires y en abril de este año directamente avanzó con la colocación de
nuevos bonos a través del Bonar.
Aurelius y Elliott habían hecho la primera presentación por escrito en mayo pasado ante Griesa, pero el juez no emitió fallo definitivo (ayer tampoco) ya que se reconoce (aunque no públicamente) que la posibilidad de que el juez de Nueva York pueda accionar contra los bonos emitidos en la Argentina es casi utópica, ya que necesitaría que un juez local se solidarice con la presentación.
Igualmente lo que se buscaba en estos escritos presentados finalmente en mayo pasado era complicar (y encarecer) nuevas colocaciones del Bonar.
Ahora lo que pide
Aurelius -que en su presentación incluye el nombre de todos los fondos buitre-
es que Griesa aplique la cláusula Discovery. Esto es, que el juez investigue en
todas las cuentas que considere necesario en Estados Unidos la posible
existencia de colocaciones del Bonar para eventualmente luego pedir embargos.
Mientras tanto, el Gobierno de Mauricio Macri continuará con su estrategia de convencer a Griesa que, a esta altura, el único que tiene buena fe para negociar y terminar con el "juicio del siglo" es la Argentina; y que Elliott, Aurelius, Olifant y compañía ahora forman parte de los que ponen trabas para cumplir lo que más quiere el juez en esta causa: terminarla.
Por Carlos Burgueño,
de Ámbito Financiero.