Los
convocados causaron destrozos en edificios públicos y provocaron incendios,
sobrepasando la acción policial, en otra jornada negra para el gobierno de
Temer que aparece cada vez más aislado y con su base de apoyo fragilizada.
"En
este momento ya hay tropas federales aquí, en el palacio de Itamaraty [sede de
la cancillería], y ya están llegando tropas para asegurar la protección de los
edificios ministeriales", anunció por la tarde el ministro de Defensa,
Raul Jungmann.
El gobierno
dijo que algunos manifestantes pusieron en riesgo la vida de empleados públicos
al atacar con piedras y palos varios ministerios. Y remarcó que la orden
-vigente hasta el próximo día 31 y que implica el despliegue de 1.500
militares- había sido tomada por el presidente, que lucha por su supervivencia
política desde hace una semana.
La decisión
suele tomarse para apoyar a la policía en momentos de seguridad crítica o en
grandes eventos como los Juegos Olímpicos, pero es sensible en un país que
vivió bajo la dictadura militar entre 1964 y 1985.
"Es una
medida extrema del gobierno Temer y la señal clara de que se perdió el control,
con consecuencias muy malas para nuestra democracia", dijo André Cesar,
analista de la consultora Hold, en Brasilia.
En la misma
línea, pero en un tono más moderado, se posicionó el senador Tasso Jereissati,
del PSDB (centro-derecha), principal fuerza aliada a Temer.
"Para
quienes vivimos la dictadura, la presencia militar es siempre una cosa que nos
asusta", dijo el legislador, uno de los nombres citados para una eventual
sucesión.
Bajo el
grito unánime de "Fora Temer", la manifestación convocada por la
izquierda y los sindicatos congregó entre 35.000 y 100.000 personas -según las
autoridades y los organizadores- y fue eminentemente pacífica.
Pero, hacia
al final, grupos de jóvenes encapuchados atacaron varios ministerios a lo largo
de la avenida que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del
Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego.
De su lado,
la policía lanzaba gases lacrimógenos y bombas de ruido contra la multitud.
Hay reportes
de varios lesionados y la policía confirmó que, al menos uno de ellos,
presentaba heridas de bala.
"Me
estoy yendo porque eso ya era una escena de guerra", dijo a la AFP Fabio
Ferreira, un funcionario del Ministerio de Planificación, reportando destrozos
en el edificio donde trabaja.
Entretanto,
en el Congreso se vivía también un ambiente de efervescencia.
Una sesión
de la Cámara de Diputados fue suspendida temporalmente después de que
legisladores de la izquierda tomaron el podio del orador.
"Temer
caerá. Todo el mundo dice que es un gobierno muerto", dijo la senadora del
Partido de los Trabajadores (PT) Gleisi Hoffmann.
Los
participantes en la marcha pedían elecciones "Directas ya" y también
el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización
de la legislación laboral.
Muchos
apuestan a una salida institucional a través del Tribunal Supremo Electoral
(TSE), que del 6 al 8 de junio examinará una denuncia que podría llevar a la
anulación de las elecciones de 2014, en las cuales resultó reelecta la fórmula
Rousseff-Temer, por presunta financiación ilegal.
"Brasil
se volvió imponderable (...) aquí todo el mundo está conspirando. Nadie más
cree en la continuidad del gobierno", dijo Paulo Pereira da Silva,
'Paulinho da Força', líder de la central Força Sindical (FS), que fue aliado de
Temer en los primeros meses de su gobierno.
La
Constitución determina que, en caso de vacío en la Presidencia durante la
segunda mitad de un mandato, el Congreso debe elegir un nombre para
completarlo.
Las
elecciones directas sólo podrían celebrarse en caso de que se hiciera una
enmienda constitucional por parte de un Congreso desprestigiado, donde decenas
de legisladores están investigados por su posible participación en una red de
sobornos en Petrobras.
Esta nueva
crisis se produce apenas un año después de la destitución por el Congreso de
Rousseff. Temer, su vicepresidente, la reemplazó, con la expectativa de
completar el mandato hasta finales de 2018 y aplicar un programa de severos
ajustes para sacar al país de la peor recesión de su historia.
Pero a la
espera de los primeros signos de recuperación, la desocupación alcanza niveles
récords y los escándalos de corrupción implican a sus principales ministros y
gran parte de los aliados del impopular mandatario.
La gota que
desbordó el vaso cayó la semana pasada, con la divulgación de una grabación
donde el mandatario aparentemente da aval al pago de un soborno a un exdiputado
encarcelado.
El Supremo
Tribunal Federal (STF) abrió una investigación y la Fiscalía General acusa a
Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y
organización criminal.