martes, 19 de agosto de 2014
10:26
González consideró que la exhibición de la niña fue "una
bajeza total, una actitud miserable” por la cual el periodista y su productora
"tendrán que responder ante
la
Justicia”.
"Hay ciertos límites que no se deben superar. Uno puede
entender, aunque no lo comparta, que existan intereses políticos, económicos y
una serie de motivaciones que impulsen este tipo de programas. Quienes ocupan
cargos públicos saben que están expuestos a estas situaciones, pero involucrar
a una criatura que no tiene nada que ver es imperdonable”, señaló el
funcionario.
"Lanata no sólo expuso a una menor ante millones de
personas, sino que se burló de ella preguntando si tenía un cargo. Es una
actitud repulsiva y va más allá de cualquier posicionamiento ideológico. El
resto de las estupideces que dijo corren por su cuenta, los catamarqueños saben
quién es
la Gobernadoray qué es lo que hace. Pero al involucrar a una niña en la basura que le
prepararon como informe cometió un grave error”, aseguró González.
Recordó luego que "en nuestro país tiene vigencia la ley de
integral de los Derechos de
la
Infancia (26.061),
la Ley de Medios de
Radiodifusión y
la
Convención de los Derechos de los Niños, y allí se establece
que los medios y quien sea responsable de las notas pueden ser denunciados
penalmente si violan derechos al nombrarlos, mostrar una imagen, divulgar
información sobre ellos que los exponga; y es exactamente lo que se va a
hacer”.
González es el representante catamarqueño en el Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual (COFECA), organismo que pertenece al AFSCA.
Precisamente
la
Autoridades Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
impone como una obligación establecida
por el artículo 71 de
la Ley N°
26.522, velar por el cumplimiento de
la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los
Derechos de las niñas, niños y adolescentes; en cuanto establece en su artículo 22 la prohibición de exponer,
difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar,
directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes en el territorio de
la República Argentina,
a través de cualquier medio de comunicación o publicación contra su voluntad y
la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su
dignidad o la reputación de aquellos, o que constituyan injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.