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La noticia circuló con reserva desde antes de las elecciones del 13 de marzo, pero para no ensuciar el proceso electoral no trascendió al gran publico. Pero ahora, al conocerse el revés judicial que sufrió el Estado Provincial en la causa que había iniciado contra la empresa EDECAT para ejecutar la garantía prendaria constituida por el 51% de las acciones de la firma, todo parece tomar una forma preocupante.

Como se comprenderá, los antiguos accionistas esperaban ansiosos el fallo que debía decidir si les daba la razón a ellos o al gobierno de Eduardo Brizuela del Moral. Eso ya está, por lo que se calcula que ahora los ex accionistas reclamarán una indemnización millonaria, que para tener una estimación de la misma convendría considerar que para el caso de que la Justicia catamarqueña fallara a favor del Estado provincial, ya se trabajaba en una demanda ante la Corte Suprema de la Nación por casi 100 millones de dólares.

El gobierno de Eduardo Brizuela del Moral decidió en octubre de 2008 cesar la concesión otorgada en 1992 a la empresa EDECAT, que tenía un plazo de duración de 50 años. No se trató de una estatización, sino de una apropiación de la sociedad, mediante la quita a los accionistas de la tenencia de sus acciones y la imposición de cuatro directores por parte del gobernador Eduardo Brizuela del Moral, en reemplazo de los electos por los accionistas de EDECAT SA. Además, removió a los accionistas integrantes del organismo de control.

Hasta 2008, la Empresa Distribuidora de Energía de Catamarca (EDECAT), era la empresa privada más grande de la provincia, y otorgaba el servicio a 110 mil usuarios catamarqueños a la tarifa más baja del país. Tarifa que desde 1992, año que ganó la licitación, hasta 2008, no modificó. Así y todo, su consumidor más grande, el Estado, nunca pagó por los servicios que consumió a nivel municipal ni provincial. Nunca escuchó el Estado los reclamos de los inversores privados a fin de adecuar el cuadro tarifario. Sólo lo hizo en su propio beneficio tiempo después que se hiciera cargo de la gestión.

En 2008 la empresa le propuso al gobierno saldar su deuda histórica acumulada durante 14 años. Luego de varias demoras se llegó a un acuerdo por el 40% de lo adeudado, para destinar ese dinero a obras de mejoramiento del servicio. Sin embargo, el gobierno prefirió echar a la firma proveedora del servicio, quedándose con su nombre, aduciendo argumentos que nunca pudo demostrar sobre multas y plazos incumplidos. En el proceso, se incumplió con la normativa sustentada en el pliego y su posterior contrato y no hubo llamado a licitación alguno o proceso de estatización.

Lo concreto es que desde el momento en que el Estado provincial se hizo cargo, el 1 de noviembre de 2008, la empresa ha sumado deudas millonarias y el servicio no ha mejorado nada. Durante los primeros meses de administración, no fue pagada la energía usada, provista por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Ante la amenaza del corte de suministro, EDECAT tuvo que pagar 30 millones de pesos, que salieron de las arcas del Estado. Actualmente, la sociedad no presenta los estados contables ni la información que le son requeridos a este tipo de empresas. Sin embargo, se estima que las pérdidas mensuales suman varios millones.

Los accionistas, ante la expulsión mal justificada de 2008, iniciaron acciones legales contra el gobierno, para estar un año y medio esperando a que la justicia provincial tome el caso. Por dicha causa los accionistas han iniciado una denuncia penal por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumento público al gobernador Eduardo Brizuela del Moral, sus ministros y directores nombrados por el gobierno. Entre las anomalías más grandes se encuentran las resoluciones dictadas por la propia justicia de Catamarca, entre las cuales se destaca el derecho a la información sobre la actividad de la sociedad a sus reales accionistas.

Los principales responsables de esta situación, en la cual el servicio ha desmejorado de forma alarmante, la cantidad de usuarios morosos crecido y los controles desaparecido, son los directores actuales de la empresa, el gobierno que los nombró y la justicia provincial que no hace cumplir las resoluciones que ella misma dictó.

Ahora, al conocerse el revés judicial que sufrió el Estado Provincial en la causa que había iniciado contra la empresa EDECAT para ejecutar la garantía prendaria constituida por el 51% de las acciones de la firma, todo parece tomar una forma preocupante. Se calcula que es inminente que los ex accionistas reclamen una indemnización millonaria, que para tener una estimación de la misma convendría considerar que para el caso de que la Justicia catamarqueña fallara a favor del Estado provincial, ya se trabajaba en una demanda ante la Corte Suprema de la Nación por casi 100 millones de dólares.