Accidentes viales: Urge la tolerancia cero

Uno de los convenios se denomina "Catamarca con Casco". Se anuncia que la Policía de la Provincia y la Dirección de Tránsito Municipal "disgregarán en forma conjunta operativos de control vehicular destinados a la estricta vigilancia del uso del casco por parte de los conductores de motovehículos y sus acompañantes que circulen en la Capital".

También dice que "cada efectivo policial, en cumplimiento de sus funciones específicas de prevención que presta en la vía pública, como así también el personal de la Administración de Tránsito municipal, aun en sus tareas habituales de ordenamiento de tránsito, pongan énfasis en el control del uso del casco por parte de los conductores y acompañantes de motovehículos".

Este convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial apunta a implementar el Sistema de Infracciones y Antecedentes de Tránsito y de los dispositivos móviles para el labrado de actas en forma digital. El sistema permite agilizar los procesos de juzgamiento y notificación de las infracciones de tránsito a nivel provincial y municipal.

Con relación a estos acuerdos, el ministro de Gobierno, Dr. Javier Silva, dijo que "es una lamentable realidad la que tenemos, pero a pesar de eso las estadísticas y los números así lo dicen. Con todo el esfuerzo que se está haciendo entre la Policía de la Provincia y la Municipalidad de la Capital, esa cantidad de accidentes que se genera fundamentalmente en el Valle Central de a poco va descendiendo y eso demuestra que los trabajos que estamos haciendo son positivos y vamos a potenciar eso".

A su turno, el intendente capitalino, Dr. Ricardo Guzmán, expresó que "hemos decido intensificar fuertemente la presencia de nuestros agentes de tránsito municipal en operativos concertados con la Policía de la Provincia y provistos de todos los medios tecnológicos y de apoyo logístico para que esos operativos sean altamente eficaces".

Es evidente que la elevada cantidad de accidentes, en su mayoría causados por los motociclistas, causan preocupación tanto en los más altos niveles provinciales como municipales y –cual una consigna-, alguien habrá dicho: “hay que hacer algo”.
Las medidas que puedan adoptar policías y munícipes actuando en forma coordinada y muy bien organizada sólo podrán hacer boletas, notificaciones y percibir importes por multas. No corregirán conductas imprudentes. No inducirán a respetar las normas de tránsito ni alentarán el respeto por las leyes. Lo más probable podría ser que aumenten los ingresos a las arcas de ambos Estados, el provincial y el municipal.

Y eso, llegado el caso, podría dar la impresión de que la cosa funciona.
En tanto y en cuanto no se asuma que “somos hijos del rigor” y que “la letra con sangre entra” y que “ a grandes males grandes remedios” no habrá ninguna medida que funcione. En tanto y en cuanto las multas se paguen con plata, todo seguirá como ahora. Es evidente que a muchos motociclistas su vida les importa un bledo. Parecen kamikases u “hombres-bomba”. ¿”Fronterizos” tal vez? ¿O son casos para psiquiatras?

Si algo “duele” con las multas es el bolsillo y a estos individuos –según parece-, o les sobra la plata o sus bolsillos son insensibles.

Lo que han encarado –a dúo, municipio y gobierno provincial-, no pasa de ser un parche. Una “foto para la tribuna” . El “hay que hacer algo” se agota en sí mismo ante la imposibilidad –por caso y vaya como alucinada suposición-, de apostar un inspector y un policía con moto “saturando” el casco urbano para detectar y sancionar a los que circulen sin casco. No habría logística capaz de funcionar bajo esas circunstancias. Son cientos de motociclistas circulando en forma anormal al mismo tiempo en un radio relativamente inapropiado para ocasionales persecuciones, aprehensiones, juzgamientos, notificaciones y demás cuestiones inherentes a un procedimiento por más digitalizado que sea.

A riesgo de horrorizar a algún profesional del Derecho, señalamos el singular parecido que existe en un procedimiento “legal” y el que suele concretarse mediante el billete doblado dentro del carné de conductor y el funcionario corrupto: en ambos la sanción se “arregla” con plata pero en el supuestamente correcto hay un alto componente burocrático (Pérdidas de tiempo, colas para ser atendido, mayores costos, etc). Lo otro es más sencillo y más barato. Por eso es que tiene amplia aceptación, mal que les pese a los responsables de los encargados de hacer cumplir las ordenanzas, leyes y disposiciones.

Con las multas en efectivo pasa eso: en ambos casos actúa el dinero entre funcionarios. Unos son corruptos y los otros “cumplen con las obligaciones de funcionario público”.

El problema que encaran Gobierno y Municipalidad es demasiado importante como para dejarlo en manos de personal municipal y policial.

Se aprecia como algo de urgente e imprescindible necesidad la creación de un organismo multidisciplinario integrado por médicos traumatólogos, emergentólogos y terapistas: psicólogos y abogados; profesionales del motociclismo y vendedores de motos; representantes de los grupos que nuclean a las víctimas de loa accidentes de tránsito, aseguradoras y técnicos en seguridad vial, entre otros aportantes de experiencia y conocimientos en la materia y –obviamente-, representantes de la municipalidad y la policía.

Ocurre que adquirir una moto es algo casi demasiado fácil. Las ofrecen a pagar en cuotas con la sola presentación del DNI. Vale decir que con documento adulterado –por caso-, un menor de edad consigue una moto.

En los operativos de control vehicular que se haca habitualmente se secuestran decenas de motos por falta de la documentación reglamentaria. Eso está dando la pauta que hay algo que no funciona correctamente. Hubo propuestas según las cuales la moto adquirida debía salir a la calle patentada y con todos los papeles en orden. Supuestamente, esto no se cumple.

¿Qué pasaría si al comprador de una moto le exigieran un certificado de buena conducta expedido por la autoridad policial como paso previo antes de concretar la compra? ¿O aprobar un examen psicofísico preparado por expertos en conducción de motocicletas, técnicos en seguridad vial, psicólogos, médicos clínicos, otorrinolaringólogos y oftalmólogos?

Se impone la implementación de algo distinto habida cuenta que los dispositivos actuales no sirven (Salvo para recaudar). Con anterioridad sugerimos sanciones consistentes en la privación del uso y disfrute de la moto durante lapsos determinados, relacionados con la gravedad de la infracción pero con un mínimo de siete días. Sería el caso de analizar prolijamente los recovecos legales, constitucionales y de Derechos Humanos porque, en una de esas, mandan preso al que aplica sanciones de esta naturaleza.

Dicen que caminar es bueno para la salud. Siete días de caminata por andar sin el casco que protege la cabeza, podrían –tal vez-, modificar una conducta rayana con el suicidio. De última, “probar no cuesta nada” y en caso de existir algún costo, siempre será menor que un “traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefalica”.

Apoyemos “Catamarca con Casco” pero que sea con todas las de la ley, sin amiguismos ni acomodos “al paso”.