Sin avance a un mes de la denuncia contra punteros políticos
Mañana se cumple un mes de la denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración Pública contra supuestos punteros políticos y no se sabe si se avanzó en algo.
Hace un mes, Natalia Bulacios y María Varela, abogadas asesoras de Fiscalía de Estado, radicaron una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y contra la Administración Pública contra supuestos punteros políticos.
De acuerdo con la acusación, Fiscalía de Estado tomó conocimiento de denuncias formuladas por ciudadanos beneficiarios de planes provinciales de empleo entre 2009 y 2011, quienes percibían una suma de dinero como contraprestación de diversas tareas o capacitaciones, radicadas ante la dirección de Trabajo y posteriormente giradas al mencionado organismo.
“Los denunciantes manifiestan que luego de la percepción del beneficio económico, eran “visitados” por personas que, en su mayoría fueron individualizadas por quienes a la postre resultan ser las víctimas de estas maniobras, quienes bajo amenaza de cortarles el beneficio otorgado, les solicitaban la entrega de diversas sumas de dinero que, por el “estado de necesidad económica” en el que se encontraban, les eran entregados a estos verdaderos “intermediarios políticos”, quienes eran encargados de gestionar -en la práctica- la aplicación y otorgamiento de los programas de empleo y capacitación de la Provincia”, advirtieron las letradas de Fiscalía de Estado.
No obstante, las maniobras a las que eran sometidos los beneficiarios de los planes provinciales no terminaba con la entrega de una parte del dinero que percibían. Además, eran utilizados para la realización de diversas actividades, “las que se vinculaban a la “manipulación política”, traducida en la participación en cortes de ruta, reuniones y asambleas de reclamos y protestas, participación en actos partidarios, y hasta la prestación de tareas domésticas en los domicilios particulares de estos “inescrupulosos” de la política”.
Existe un repudio generalizado hacia estas prácticas que durante los 20 años en el poder FCS imperaban con total impunidad; sin embargo, hasta la fecha no hay novedades en la causa. En este caso es la Justicia, todavía en manos de funcionarios impuestos por el radicalismo, la que tiene la responsabilidad.