Buscan igualar el precio de combustibles en todo el país
Un proyecto de ley reclama al Poder Ejecutivo que asegure la uniformidad del precio de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio ubicadas en el país (salvo regiones exentas). Su incumplimiento dará lugar a severas sanciones.
La iniciativa impulsada por el diputado nacional Alberto
Asseff, hace foco en la problemática que plantea el diferencial de precios
entre el interior del país y el área metropolitana.
El Proyecto de Ley que lleva la firma del legislador, exige
la unificación nacional de los valores de las naftas y el gasoil. Basa su
iniciativa en las distancias que se deben recorrer en el interior del país, son
superiores a las de las grandes ciudades.
Además, las fuentes de energía alternativa, o bien no están
disponibles, o tienen un precio alto. "Esta situación impone un costo
injustamente alto a las jurisdicciones provinciales, su población y su
producción. El Interior sufre esta disparidad y ni hablar de las PYMES”,
sostiene.
Para Asseff, la diferencia en el precio del combustible no
se explica por el costo del transporte ni por el diferencial impositivo entre
las distintas jurisdicciones provinciales. Es por ello que la propuesta establece
un mecanismo para solucionar la problemática en forma definitiva estableciendo
condiciones de competencia y transparencia en el mercado de combustibles que
beneficien a los consumidores.
La misma pretende equiparar las condiciones de
comercialización y el precio de los combustibles derivados que las empresas
petroleras imponen a las estaciones de servicio que están ligadas a las mimas
mediante contratos o sean de su propiedad.
Según señala Asseff, en el mercado de los combustibles se ha
instalado una ominosa situación: en el interior es más caro, lo cual es un
contrasentido mayúsculo y sobre todo apuntala una inconveniente concentración
demográfica y económica en el área Metropolitana.
Es por ello que reclama su implementación inmediata.
Asimismo, establece fuertes sanciones en caso de incumplimiento para las
empresas petroleras productoras o extractoras de petróleo, refinadoras o
comercializadoras mayoristas de combustibles líquidos, tales como
apercibimiento administrativo, multa, clausura del establecimiento o de la
instalación por tiempo determinado o la pérdida del permiso o licencia de
operador ante la reiteración o persistencia en la infracción.