Le caben las generales de la ley

Se trata proyecto de ley para combatir el conflicto de intereses, a través de un marco regulatorio que incorpora controles que alcanzarán a todos las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicia; ya sea del ámbito provincial o municipal.

La propuesta es altamente loable y aplaudible porque implica, como ella mismo lo dice en los fundamentos, prevenir toda situación en la que colisionen o puedan colisionar el deber público y los intereses privados de un funcionario, es decir prevenir la existencia de conflictos de intereses en el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, a la legisladora macrista le caben las generales de la ley porque no hay que olvidarse que ella junto a su esposo Jorge Rodríguez, ex concejal por la Capital, son propietarios de Renta Car, una empresa que se dedicaba –durante el gobierno del FCS- alquilar autos a la Municipalidad y al Senado. Esto le permitió crecer de manera importante la flota de autos para alquilar.

El "conflicto de intereses” de la diputada Bazán también se evidenció sobre la situación del municipio de Ancasti cuando se mostró interesada que quien asumiera el lugar dejado por el fallecido Antonio Córdoba sea un concejal de su partido.

Será tal vez porque su esposo, de acuerdo a la escritura N° 366, aparece como administrador del Rincón de Ipizca que como es archiconocido pertenece al ex gobernador y actual senador del FCS-Cambiemos, Oscar Castillo.

La iniciativa parlamentaria también se hará extensiva para investigar al empresario Fernando Capdevilla, actual titular de la UDAI Catamarca, presidente del PRO Catamarca, quien fue principal proveedor del Estado durante el gobierno frentista y actualmente lo sigue siendo.

Con el proyecto de "Conflicto de Intereses” la diputada Paola Bazán pretende evitar que el interés general se mezcle con intereses particulares de quienes ejercen la función pública. Entonces a todos les caben las generales de la ley, incluso a ella misma.