Caso Boudou: cuando se pierde la capacidad de pensar

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La bronca que provocó el kirchnerismo entre quienes sufrieron en carne propia sus métodos para combatir a la disidencia política genera en estos días un nuevo perjuicio: muchas personas con indiscutible trayectoria democrática no están pudiendo analizar el proceso de detenciones de dirigentes del gobierno anterior y reemplazan esa ausencia de reflexión por una ruidosa y extraña celebración. Es muy humano lo que les ocurre: ven caer al enemigo que, hace poco, era poderoso y amenazante. Tal vez por eso sea oportuno abrir preguntas sobre un punto que es nodal para cualquier democracia.

Amado Boudou es el nuevo integrante de la larga lista de detenidos vinculados con la gestión anterior y que, antes de él, ya integraban Milagro Sala, Julio De Vido, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, Roberto Baratta, Víctor Manzanares, José María Núñez Carmona, César Milani, Claudio "Mono" Minnicelli, José López, Armando Pérez Gadín, Omar "El Caballo" Suárez y Juan Pablo "Pata" Medina.

A primera vista, para muchas personas puede parecer la concreción de un sueño: en el país donde nadie nunca va preso por corrupción, finalmente, las cosas están cambiando. Personajes que hace muy poco tiempo eran muy poderosos ahora están entre rejas. Es muy difícil discutir esta percepción. Y ojalá, quién dice, tengan razón.

Sin embargo, en todo este razonamiento, existen algunos puntos problemáticos. El primero de ellos es que todas estas personas detenidas, de acuerdo con la ley, son inocentes. Es probable que, si el proceso contra ellas continúa, dejen de serlo. Pero para eso se requiere una condena. La libertad de un ser humano es un valor central para cualquier democracia. Por eso, su detención solo debe ser producto de una condena de un tribunal colegiado, y solo en casos muy excepcionales, producirse en etapas preliminares de un proceso.

En los casos de presos kirchneristas, la excepción pasó a ser algo habitual. Todos son apresados sin condena previa.

El segundo problema radica en quiénes toman las decisiones. Acaba de llegar a las librerías El libro negro de la Justicia, una magnífica investigación de Gerardo "Tato" Young. Sus páginas son estremecedoras. Allí se cuenta cómo durante los últimos 25 años los jueces federales de primera instancia, casi sin excepciones, formaron parte de un sistema que garantizó la impunidad de los poderosos a cambio de enriquecerse. Quienes debían vigilar eran cómplices. Y así pasó lo que pasó. Parte del mecanismo consistía, cada tanto, en detener a los caídos en desgracia o apuntar contra opositores.

Si se convalida esta seguidilla, puede ser que esos jueces federales hayan incrementado su poder hasta el infinito: desde ahora, podrán detener a quienes quieran, sin necesidad de que nadie les pregunte demasiado. Hoy es Boudou. ¿Quién será mañana? ¿Están seguros quienes festejan hoy que el clima actual durará para siempre? ¿Y entonces? ¿Quién celebrará cuando uno de los federales detenga a quien le ordene un poder de signo inverso al actual? ¿Se entiende por qué, en lugar de celebrar, tal vez haya que recuperar la capacidad de pensar?

Hay en este momento un debate evidente entre quienes interpretan las detenciones de kirchneristas como si se tratara de un virtuoso proceso de reparación y quienes denuncian que, en realidad, solo se trata una persecución de opositores que, al mismo tiempo, cumple un rol disciplinador de todo el sistema de poder. Es difícil saldar esa discusión en tiempo récord. Sin embargo, algunos ejemplos ayudan a entender cómo se podrían realizar las cosas de tal manera que toda la sociedad se sienta tranquila.

El primero de esos ejemplos es la causa por la tragedia de Once. En solo tres años y medio, ese expediente recorrió desde los primeros requerimientos del fiscal de primera instancia hasta las condenas del tribunal oral. En todos esos pasos, se concluyó lo mismo: que poderosos empresarios y funcionarios del gobierno anterior eran culpables. Todo eso ocurrió durante el gobierno que era acusado, no luego de un cambio de poder. Nadie fue detenido en ese período. En pocas semanas más, se conocerá la sentencia de Casación. Si, como todo sugiere, es confirmatoria, los acusados irán a la cárcel. Y nadie podrá alegar que se trató de una persecución. Sería, lisa y llanamente, la Justicia en acción.

El segundo ejemplo es el Lava Jato. Si alguien quisiera, podría divertirse con el juego de las 7 diferencias entre lo que ocurre en Brasil y lo que sucede acá. En Brasil, han sido detenidos dirigentes de todos los partidos políticos. Acá, solo de uno. En Brasil, caen detenidos empresarios de primer nivel. Aquí, solo políticos o, en todo caso, empresarios integrados al poder político anterior. En Brasil, los jueces no son sospechosos de frenar o acelerar procesos judiciales según el clima político o su necesidad de supervivencia. Acá ocurre exactamente lo contrario.

El método para que la Justicia finalmente impere en la Argentina puede ser rápido, paciente, abarcativo y, por lo tanto, creíble: es el camino que sugiere el proceso por la tragedia de Once. O puede instalarse un método más expeditivo y, por llamarlo de alguna manera, más venezolano. "Viva la República", tuiteó hoy Carrió. ¿Seguro que esto es la República? ¿Un vicepresidente espantoso detenido por una Justicia espantosa?

El Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad de conducir este proceso por un camino razonable y democrático y no por el que celebran aquellos que quieren sangre. Lo mismo le cabe a intelectuales, abogados y dirigentes políticos liberales que apoyaron a Cambiemos porque imaginaban una democracia más abierta y respetuosa: detener a una persona sin condena previa debe ser una excepción y se está transformando, peligrosamente, en una regla. "Comerse a los caníbales", la vieja expresión que ideó Jorge Luis Borges.

En octubre del año 2014, Amado Boudou fue procesado por primera vez. En ese contexto, tuve la oportunidad de entrevistarlo para la señal Todo Noticias, junto con Marcelo Zlotogwiazda. Fue una entrevista notable por el contexto. Hasta ese momento, Boudou solo iba a 678, donde decía todo lo que se le ocurría mientras sus entrevistadores asentían amables, como esos perritos de los autos que mueven la cabeza hacia arriba y hacia abajo.

Mientras preparábamos la nota, le dije a Zloto: —No entiendo por qué nos da esta nota. Está hasta las manos. Salvo que tenga alguna carta oculta o que se sienta demasiado omnipotente. Si preguntamos bien, va a quedar muy en evidencia que es un ladrón.

Al salir de la nota, no tuve dudas: Boudou era culpable.

No solo eso. En abril de 2012, pocas semanas después del 54%, un juez decidió allanar a Boudou por primera vez. El entonces vicepresidente hizo un escándalo. Respaldado por Cristina Fernández, se presentó ante las Cámaras, y logró que apartaran de la causa al fiscal, al juez y que renunciara el Procurador General de la Nación. Tal vez ese día, de oficio, Lijo podía haberlo detenido: el vicepresidente, a la vista de todos, obstruía el desarrollo del proceso en su contra. Pero, en ese momento, Boudou tenía poder. Y los jueces federales de la Argentina, como bien lo enseña el libro de "Tato" Young, no avanzan contra los poderosos.

Boudou debería ir preso, al igual que la mayoría de los que están condenados. Pero la democracia impone reglas muy precisas para que eso ocurra. Y no son las actuales. De la misma manera, el Gobierno debería emprender un agresivo proceso de reforma judicial, para que sean personas respetables, idóneas e independientes las que conduzcan este proceso.

No es lo que está sucediendo.

En el año 2005, el escritor mexicano Héctor Aguilar Camín escribió una hermosa novela llamada La conspiración de la fortuna. En una de sus páginas, advierte: "Primero fue el rumor de que el nuevo Gobierno quería un personaje del viejo para meterlo en la cárcel y echarlo a las furias del ágora, alimentadas por el Gobierno mismo. Luego vino el linchamiento en forma, con todos los agravantes de la consigna y la compra de los linchadores. Era un viejo rito nacional. Cada cierto tiempo, después de una revuelta fallida, de un motín o de un cambio de Gobierno, el país y sus gobernantes sentían la necesidad de quemar un puñado de infidentes en la hoguera de la indignación pública. Los dueños del poder daban así una prueba de rigor contra el abuso, con bajo costo para ellos y alto para sus rivales… Entre más castigos ejemplares había, más insuficientes parecían los castigos, entre más muestras de rigor daban los Gobiernos, más sospechas de culpables impunes había en el aire. Una vez que se suelta, la inquisición pública tiene más sed de culpables que de Justicia, pero su rabia no lleva a la Justicia, sino a la manipulación".

México y la Argentina son dos países muy diferentes. Pero al final del día, somos todos seres humanos: nos gusta ver en picada a un enemigo, aplaudir con ingenuidad procesos complejos, vengarnos de heridas pasadas y creer que se resuelven problemas históricos, aun cuando tal vez se estén creando otros más graves.

Por Ernesto Tenembaum, para Perfil