Condenaron por corrupción al ex juez federal Walter Bento en Mendoza

La sentencia fue dictada por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y María Carolina Pereyra, quienes viajaron semanalmente desde San Juan y San Luis para integrar el tribunal durante el proceso. En los próximos días se realizará una audiencia de cesura, donde se definirá el monto de la pena que le corresponderá a cada uno de los condenados, según lo establece el nuevo Código Procesal Penal Federal.

Bento escuchó el fallo con gesto adusto, vestido con un traje gris y acompañado por sus hijos Luciano y Nahuel. El exmagistrado permanece detenido desde hace más de dos años en la cárcel federal de Cacheuta, en la zona precordillerana mendocina, a unos 40 kilómetros de la capital provincial.

El tribunal dio por probado que Bento lideró una organización criminal integrada por abogados, despachantes de Aduana y policías, dedicada a cobrar sobornos en efectivo, automóviles de alta gama e inmuebles a cambio de libertades, morigeraciones de prisión, sobreseimientos y recalificaciones de causas vinculadas al contrabando y al narcotráfico.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) estimó que el circuito de coimas habría movido al menos 1,7 millones de dólares. Según la sentencia, Bento “diseñó, coordinó y supervisó” las maniobras de lavado de dinero, utilizando a su entorno familiar para ocultar el origen ilícito de los fondos.

El fallo remarca que su esposa, Marta Boiza, actuó como “vehículo patrimonial primario”, mediante donaciones, transferencias cruzadas de bienes y operaciones con sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo, este último con una grave discapacidad. Incluso, se acreditó que algunos bienes fueron registrados a nombre de Facundo para dificultar la trazabilidad del dinero.

“Todo el grupo familiar hizo uso sistemático de dinero en efectivo para evitar registros bancarios y obstaculizar la reconstrucción del flujo financiero”, sostiene la sentencia.

El rol de Bento y sus colaboradores

Los fiscales María Gloria André, Dante Vega, el titular de Procelac Diego Velasco y la auxiliar fiscal Ileana Schygiel demostraron que Bento era conocido dentro de la organización como “el gran jefe” o “el número uno”. Por debajo operaban el despachante de Aduana Diego Aliaga —asesinado en los inicios de la causa— y el abogado Jaime Alba, entre otros.

Según el tribunal, los intermediarios hablaban en nombre del juez y negociaban directamente los beneficios procesales una vez que los detenidos eran imputados. “Bento fue jefe de una organización criminal cuya finalidad era clara: obtener dinero a cambio de favores ilegítimos”, concluye el fallo.

Las condenas

En el juicio, que originalmente tuvo 33 imputados, 19 personas resultaron condenadas.

Walter Bento: condenado como jefe de una asociación ilícita, por cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y falsedad ideológica.

Marta Boiza (esposa): condenada por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado como integrante de una banda y falsedad ideológica.

Nahuel Bento (hijo mayor): condenado por lavado de activos agravado como miembro de una banda.

Luciano Bento: señalado como “prestanombre” en maniobras patrimoniales.

También fueron condenados los abogados Jaime Alba, Luis Francisco Álvarez, Alejandro Aramayo, Luciano Ortego y Martín Ríos; el comisario José Moschetti; Walter Bardinella Donoso y otros imputados por cohecho activo agravado. El policía Martín Rodolfo Bazán recibió además el agravante por su condición de funcionario público.

En su alegato final, Bento reiteró su inocencia y sostuvo que fue víctima de una campaña de difamación encabezada por el fiscal Dante Vega. Tras la sentencia, su abogado Mariano Fragueiro Frías adelantó que apelarán el fallo y afirmó que “la resolución de hoy no deja una condena firme”.

Quién es Walter Bento

Bento fue durante años uno de los jueces más poderosos de Mendoza: titular del Juzgado Federal N.º 1, subrogante del N.º 2 y con competencia electoral. Fue designado en 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y mantuvo vínculos con dirigentes políticos de distintos espacios.

La investigación que derivó en su condena comenzó en marzo de 2020, tras el análisis de teléfonos incautados en causas de narcotráfico y el homicidio del despachante de Aduana Diego Aliaga, vecino del juez. El proceso reveló intentos de Bento por ocultar pruebas, manipular declaraciones juradas, borrar mensajes, vaciar cajas de seguridad y omitir bienes y viajes al exterior.

El 8 de noviembre de 2023, el Consejo de la Magistratura lo destituyó por mal desempeño, falta de decoro y por haber “deshonrado a la Justicia”. Desde entonces, continúa detenido en el penal de Cacheuta.