Crece la alarma por el decreto que amplía el poder de la Policía Federal sin intervención judicial
La diputada Adriana Díaz advirtió sobre los riesgos para los derechos humanos y las libertades individuales tras la reforma de la Ley Orgánica de la PFA vía decreto presidencial.
La reciente reforma a la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA), implementada a través del decreto delegado 383/2025, encendió las alarmas en diversos sectores sociales, políticos y jurídicos. Entre las voces más firmes se encuentra la de la diputada provincial Adriana Díaz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Diversidad de la Cámara de Diputados de Catamarca.
La modificación establece que la PFA tendrá un perfil orientado a la “seguridad del Estado” y a la investigación de delitos complejos, pero lo que más preocupa es que el nuevo marco habilita detenciones, ciberpatrullaje y requisas sin orden judicial previa, en contextos vagamente definidos.
“Asistimos con enorme preocupación a un avance sobre las libertades individuales y el respeto al debido proceso”, declaró la legisladora.
Díaz advirtió que el decreto, al haberse dictado sin el debate parlamentario correspondiente, abre la puerta a la criminalización de la protesta social, el espionaje a opositores y el debilitamiento de garantías constitucionales básicas.
Libertades en jaque
El decreto 383/2025 ha sido cuestionado por juristas, legisladores y organizaciones de derechos humanos, que lo consideran un peligroso retroceso. Se teme que, al permitir el accionar policial sin control judicial, se erosione el principio de legalidad y el derecho a la defensa.
“Este decreto genera un escenario de incertidumbre y potencial arbitrariedad. Otorgar semejantes facultades sin control judicial previo es absolutamente incompatible con el Estado de Derecho”, sostuvo Díaz.
Además, la diputada insistió en la necesidad de que cualquier intervención de las fuerzas de seguridad esté sujeta a un marco legal claro, transparente y bajo supervisión judicial.
Riesgo de abusos
Entre los puntos más sensibles del decreto se encuentran:
- Ciberpatrullaje preventivo sin orden judicial.
- Detenciones en contextos indefinidos.
- Requisas sin supervisión legal previa.
El impacto de estas nuevas facultades, si no son revisadas, podría afectar de forma directa a periodistas, activistas, organizaciones sociales, y cualquier ciudadano que exprese su disenso en redes sociales o espacios públicos.
“Garantizar seguridad no puede ser sinónimo de habilitar la vigilancia indiscriminada o la represión. La democracia no puede funcionar con miedo”, concluyó la legisladora, quien llamó a revisar y debatir la normativa en el Congreso.