Diputadas radicales rechazaron el proyecto de Carolina Losada sobre falsas denuncias
Legisladoras nacionales presentaron un proyecto para respaldar la Convención Belém Do Pará y cuestionaron la iniciativa impulsada por Carolina Losada para endurecer penas en casos de falsas denuncias vinculadas a violencia de género y abuso sexual.
Las diputadas nacionales de Provincias Unidas María Inés Zigarán y Mariela Coletta presentaron un proyecto de declaración para reafirmar la defensa de la Convención Belém Do Pará y manifestaron su rechazo al proyecto impulsado por la senadora radical Carolina Losada que propone endurecer las sanciones por falsas denuncias y falsos testimonios en causas de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños.
Argentina adhirió en 1994 a la Convención Belém Do Pará, el primer acuerdo internacional que reconoció la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos y no como un asunto privado.
La iniciativa presentada por las diputadas cuenta además con el respaldo de otros integrantes de Provincias Unidas, entre ellos Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Martín Lousteau, además de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade.
El debate en torno al proyecto de Losada se intensificó luego de que la propuesta fuera tratada en comisión el mismo día en que Diputados aprobó modificaciones a la Ley de Glaciares. Sin embargo, la fuerte polémica generada llevó a que el tema fuera desplazado de la agenda parlamentaria del Senado.
En los fundamentos del proyecto presentado por Zigarán y Coletta, las legisladoras advirtieron que “el impulso de estas iniciativas configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos”.
Además, el pasado 11 de mayo un grupo de profesionales y referentes de Derechos Humanos presentó una denuncia judicial contra Carolina Losada, a quien responsabilizan por presuntas acciones de “coacción e intimidación” hacia profesionales que asisten a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.
La presentación fue realizada en la Justicia Federal y está encabezada por el ex juez federal Carlos Rozanski, la periodista y psicóloga Liliana Hendel y la investigadora Dora Barrancos.
Entre los delitos mencionados en la denuncia figuran coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.
Los denunciantes sostienen que el proyecto de Losada carece de respaldo estadístico y remarcan que las falsas denuncias representan un porcentaje mínimo dentro del sistema judicial argentino.
Según un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos sobre más de ocho millones de causas penales tramitadas entre 2023 y 2025 en 17 provincias, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por supuestas falsas denuncias.
En el caso de los falsos testimonios, el índice fue aún menor: un 0,025% del total de expedientes analizados.
“Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”, señalaron los autores de la denuncia contra la senadora.
El informe también indica que el 86% de las falsas denuncias detectadas están relacionadas con conflictos patrimoniales o laborales y no con violencia de género o abuso intrafamiliar.
Qué propone el proyecto de Losada
La iniciativa de Carolina Losada busca modificar figuras ya previstas en el Código Penal, como la falsa denuncia y el falso testimonio, aumentando significativamente las penas cuando se trate de causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual o violencia contra menores.
Para los casos de denuncias falsas, propone elevar la pena actual de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años de prisión, convirtiendo el delito en no excarcelable.
En cuanto al falso testimonio, la propuesta plantea subir la pena de la escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.
La senadora argumentó que existe una proliferación de medidas judiciales tomadas sin pruebas suficientes en causas de violencia de género e intrafamiliar, generando graves consecuencias para las personas denunciadas.
Sin embargo, distintos organismos y referentes de Derechos Humanos advirtieron que el endurecimiento de las penas podría generar un efecto inhibidor en las víctimas, desalentando las denuncias por temor a eventuales represalias judiciales.