Diputados siguen tratando proyectos de Salud Mental

La comisión presidida por la diputada Marisa Nóblega, se reunió hoy para continuar el debate sobre diferentes proyectos de ley.

 

En conjunción con la reunión de tablas anterior, el interés giró en torno al proyecto presentado por el diputado, y presidente de la Cámara Baja, Marcelo Rivera (FTP), que impulsa una ley de "Aptitud Psicofísica para la Función Pública".

 

En sentido, la iniciativa plantea los inmensurables estragos que puede causar a la sociedad una mente perturbada por la patología, sobre todo si tiene a su cargo la responsabilidad de representar, proteger, brindar u otorgar políticas y justicia al pueblo.

 

Entre los fundamentos del proyecto, Rivera argumenta que "es menester propiciarle a la sociedad la seguridad de que las personas encargadas de preservar sus derechos poseen integridad física-mental. A fin de mejorar la imagen pública y trasparentar las gestiones de los gobiernos, a través de buenas acciones y sanos ejemplos".

 

Los exámenes responden a la requisitoria normal de un empleador que pretenda denostar aptitudes físicas/psicológicas para ocupar cualquier puesto laboral. Afectando a funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, hasta el grado de Director Provincial; Fuerzas de Seguridad y de la Penitenciaría; Diputados y Senadores Provinciales; funcionarios del Poder Judicial. Con los siguientes estudios: examen psiquiátrico; rinoscopía; análisis de orina completo; análisis de sangre (hepatograma, hemograma, glucemia y uremia); electrocardiograma; y radiografía de tórax.

Cabe destacar que los alcances de esta ley implican la creación de la Oficina de Control de Aptitud Física para Funcionarios Públicos, la misma se desempeñará en el Hospital San Juan y dependerá del Ministerio de Salud de la provincia. Y estará integrada por, al menos, un cardiólogo, un psiquiatra, un otorrinolaringologo, un bioquímico, un médico clínico.

Asimismo, también se aprovechó la presencia del Lic. García Terán para tratar la iniciativa presentada por el diputado José Luis Martínez (PPP), que establece la creación del certificado de drogas ilegales.

 

Este proyecto de ley, faculta al obligado a realizarse los estudios en laboratorios públicos o privados, para obtener la prueba de que no consume sustancias ilegales.

 

Ya que las mismas afectan gravemente la voluntad y las aptitudes psicofísica del consumidor, de existir sustancias ilegales en los funcionarios, los mismos contarán con la posibilidad de acceder a una recuperación en una institución pública o privada, a elección del afectado.

 

No obstante, será imposibilitado del ejercicio de la función pública a través de una licencia por enfermedad.