Docentes universitarios inician una semana de paro nacional y profundizan el plan de lucha
Los docentes universitarios comenzaron este lunes un paro nacional de una semana, medida que afectará el dictado de clases en las universidades públicas de todo el país.
La protesta forma parte de un plan de lucha progresivo impulsado por los gremios docentes ante el conflicto salarial y el reclamo por el financiamiento del sistema universitario.
La decisión fue adoptada por el Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió profundizar las medidas de fuerza frente al Gobierno nacional en demanda del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial para el sector.
Desde los gremios señalaron que el conflicto podría extenderse durante el primer semestre del año si no se reabren las negociaciones paritarias. En ese marco, advirtieron que también seguirán de cerca la agenda legislativa ante una eventual modificación de la normativa que regula el financiamiento de las universidades públicas.
El congreso de Conadu reunió a 30 sindicatos de base y más de 90 congresales, quienes ratificaron el paro de esta semana y definieron avanzar con nuevas semanas completas de cese de actividades a partir del lunes 30 de marzo y del lunes 27 de abril, en caso de no obtener respuestas a sus reclamos.
Además, el plan de lucha contempla la realización de una marcha federal universitaria, con fecha tentativa para el 23 de abril, que buscará movilizar a docentes, estudiantes y autoridades en defensa del sistema público de educación superior.
La convocatoria será coordinada junto al Frente Sindical Universitario y organizaciones estudiantiles, con el objetivo de replicar la masividad de las protestas que el sistema universitario protagonizó durante los primeros años del gobierno del presidente Javier Milei.
“El Gobierno nacional debe convocar a paritarias de manera urgente”, expresaron desde Conadu al anunciar la profundización del conflicto, al tiempo que reiteraron el pedido de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente para el financiamiento de las universidades públicas.