Echan a funcionarios radicales implicados en casos de fraude

La investigación por los casos de corrupción detectados en la Administración General de Asuntos Previsionales (AGAP), derivó en dos medidas concretas; la primera tiene que ver con el apartamiento de los funcionarios que estaban en el área de Informática y Liquidación del organismo, los cuales provenían de la última gestión del FCS. La segunda, la convocatoria a jubilados cuyos casos de liquidación del 82% se sospecha.

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Con la misma llegada de Hilda Plaza, reemplazante en el organismo de Mirtha Aisa, se procedió al apartamiento de todos los funcionarios que estaban en el área de Informática y Liquidación, a quienes se les hace responsable de la mala liquidación detectada. Hasta donde se sabe, la mayoría de estos funcionarios de carrera, corresponderían a la gestión del FCS.

Paralelamente, Fiscalía de Estado de la provincia convocó a declarar a varios jubilados, a quienes se los está investigando para determinar si la deuda que reclaman por el retroactivo del 82% les corresponde o si la misma no surge de un fraude.

La investigación surgió a partir del pedido que realizara la ex titular de la AGAP, Mirtha Aísa, quien detectó un presunto fraude por la suma de $189.008,83, que fueron depositados en la cuenta de una jubilada que, “en connivencia” con un empleado de la AGAP, fueron cobrados de manera irregular.

A partir de esta situación, Fiscalía de Estado inició la investigación sobre este hecho puntual y sobre otro caso más en la que se habría detectado una maniobra de similares características.

Sin embargo, la investigación también se dirigió hacia algunos jubilados que desde hace varios años vienen reclamando, primero en la Oficina Provincial de Asuntos Previsionales (OPAP) y posteriormente a la AGAP, el retroactivo por mala liquidación del beneficio.

Los mismos han sido citados a declarar en Fiscalía de Estado en largas sesiones en donde se les realiza un intenso interrogatorio sobre la causa iniciada, en la que fundamentalmente pretenden conocer si tienen “algún tipo de arreglo” con los empleados del organismo previsional o si alguna vez fueron “tentados a ser cómplices de un fraude”.

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