El atajo estadístico que le ahorra $5 billones al Gobierno

La decisión del Gobierno nacional de frenar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a encender una fuerte polémica que excede el plano técnico. Según un informe del Banco Provincia, sostener la canasta de consumo de 2004 para medir la inflación actual le permite al Ejecutivo encabezado por Javier Milei un ahorro fiscal cercano a los $5 billones, una cifra clave para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Lejos de ser un debate estadístico menor, el IPC funciona como una variable central del programa económico: de su medición dependen jubilaciones, pensiones, asignaciones sociales y una porción significativa de la deuda pública ajustada por inflación.

El peso de la estadística en las cuentas públicas

La diferencia entre la inflación que publica el Indec y el aumento real del costo de vida tiene un efecto directo sobre el gasto primario. Al utilizar una canasta de consumo con más de dos décadas de antigüedad, el Estado logra que todas las partidas que ajustan por IPC crezcan por debajo de la inflación que efectivamente enfrentan los hogares.

De acuerdo con el informe del Banco Provincia, el ahorro fiscal se explica principalmente por dos factores:

Prestaciones sociales: jubilaciones, pensiones y asignaciones que se actualizan con el IPC oficial, pero que pierden contra el costo real de los servicios básicos.

Títulos públicos atados al CER: menores pagos asociados a la deuda en pesos indexada por inflación.

Para dimensionar el impacto, los casi $5 billones de ahorro superan el total de los depósitos del Tesoro Nacional en el Banco Central al cierre de enero, estimados en $4,3 billones. En un contexto de ajuste fiscal severo, esta diferencia se convierte en una “caja silenciosa” que refuerza el superávit financiero.

El “truco” de los ponderadores: bienes contra servicios

La canasta vigente, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005, fue diseñada para una economía muy distinta: dólar caro, tarifas congeladas y menor peso de los servicios en el consumo familiar. Ese esquema genera hoy una distorsión clave frente a las políticas actuales del Gobierno.

Por un lado, existe una sobre-representación de bienes como alimentos, bebidas y vestimenta. Al sostener un tipo de cambio apreciado, estos precios suben menos y ayudan a “pisar” el promedio general del IPC.

En contraste, los servicios están sub-representados. Rubros como vivienda, electricidad, gas, transporte y comunicaciones tienen alrededor de 11 puntos porcentuales menos de incidencia que en una canasta más actualizada (2017-2018). Son precisamente estos ítems los que más aumentaron tras la quita de subsidios.

El informe proyecta que para 2026 la inflación medida con la canasta actual sería del 25,9%, mientras que con una metodología actualizada treparía al 28,6%. Esa brecha de 2,7 puntos porcentuales explica buena parte del ahorro fiscal estimado.

La distancia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana se traduce en una percepción social de crisis más profunda. Mientras los indicadores oficiales muestran un deterioro moderado del salario real, una medición con hábitos de consumo actuales refleja una caída mucho más pronunciada.

• Salario real (dato oficial): entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la baja sería de -1,2%.
• Salario real (canasta actualizada): la pérdida de poder adquisitivo alcanzaría el -7,7%.

Esta diferencia ayuda a explicar fenómenos cada vez más visibles: aumento del pluriempleo, mayor cantidad de horas trabajadas y dificultades crecientes para sostener el consumo de servicios esenciales como internet, transporte y tarifas, que el IPC vigente no pondera adecuadamente.

Rezago regional y credibilidad estadística

Argentina aparece hoy como una excepción en la región. Mientras otros países actualizaron sus canastas para reflejar cambios tecnológicos y de consumo, el país sigue midiendo la inflación con parámetros de hace más de 20 años.

• Chile actualizó su canasta en 2023.
• Uruguay lo hizo en 2022.
• El promedio regional utiliza años base entre 2017 y 2018.

Este rezago complica la comparación internacional y suma ruido en un contexto donde la fragilidad de las reservas —con un ratio sobre PBI menor al 7%— sigue siendo un factor de riesgo. Para analistas y mercados, la transparencia estadística será un elemento clave si el Gobierno busca recuperar el acceso pleno al financiamiento internacional.

En ese escenario, el debate por la canasta del IPC deja de ser técnico y se vuelve político: detrás de una inflación más baja en los papeles, se esconde un ajuste fiscal de magnitud que impacta directamente en los ingresos y en la vida cotidiana de millones de argentinos.