El Gobierno endurece la ofensiva contra mafias y delitos económicos
Con el foco puesto en cortar el flujo de dinero sucio que alimenta al crimen organizado, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio un paso clave al ordenar que todas las fuerzas federales impulsen investigaciones patrimoniales y financieras desde el inicio de las causas judiciales.
La medida, oficializada a través de la Resolución 777, apunta a que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal comiencen a rastrear en forma simultánea los bienes y movimientos financieros detrás de delitos graves como el narcotráfico, la corrupción, el lavado de dinero, la trata de personas, la evasión impositiva, el contrabando y hasta el financiamiento del terrorismo.
Según explicaron desde la cartera que conduce el Ministerio de Seguridad, el objetivo es claro: desmantelar la estructura económica de las organizaciones criminales, atacar su capacidad operativa y recuperar activos obtenidos de forma ilícita.
Además, cada fuerza deberá reportar mensualmente los avances de estas investigaciones a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, con datos estadísticos y de seguimiento.
Este cambio de estrategia responde a una necesidad urgente: dejar de combatir solo los delitos visibles y apuntar directamente al corazón financiero de las mafias. Sin recursos, sin bienes y sin respaldo económico, aseguran desde el Ministerio, las organizaciones pierden poder y capacidad de regeneración.
En momentos en que los argentinos exigen respuestas firmes ante el avance del delito complejo y la impunidad financiera, el gobierno busca demostrar que la Justicia no solo puede encarcelar, sino también confiscar lo robado al Estado y a la sociedad.