Escándalo en el TV Cable de Andalgalá

Debido a un litigio entre socios, los abonados del TV cable de Andalgalá deben pagar sus boletas del servicio en la vereda del local comercial, o a los empleados que se movilizan en sus camionetas.

El insólito proceder se debe a que un juez de Catamarca ordenó proteger los intereses de uno de los propietarios, su fundador desde 1991, Javier Vicente, que venían siendo ignorados por su otro socio y administrador, Enrique Argañaraz, de Tucumán.

El juez ordenó trabar un embargo del 20 por ciento de la recaudación diaria, lo que sería llevado a cabo por un interventor. Cuando esté quiso cumplir su misión, fue amenazado y obstaculizado por el autodenominado encargado del TV cable, el concejal Gustavo Álvarez.

A los pocos días de ejercer su labor, el interventor designado por el juez se encontró con un cartel puesto desde dentro de la oficina que decía "clausurado". Consultados la Justicia, la Municipalidad, la AFIP o Rentas negaron haber procedido en tal sentido.

Para Vicente, se trata sin duda de un ardid de Argañaraz, Álvarez y otros empleados para desconocer la decisión judicial e impedir el trabajo del interventor.

Dicha situación se mantiene desde el día 12 de agosto hasta el presente, configurando en principio un caso grave de desconocimiento a una orden judicial, por lo que se incurriría en un delito penal, y un desbaratamiento del derecho que le corresponde a Javier Vicente.

Pero lo más penoso es que los abonados del TV cable, convidados de piedra de tal situación, son atendidos en la calle cuando quieren abonar o realizar un reclamo. Insólito.