Funcionarios del FCS deberán devolver el valor de las mercaderías
Finalmente, el Tribunal de Cuenta de la provincia resolvió resolvió que los implicados en la famosa causa de mercaderías aptas tirada en criaderos de chanchos, deberán devolver el valor de los productos.
Ayer se conoció que el fiscal general del Tribuna de Cuentas, René García Olmedo, formuló cargos en contra de la ex secretaria de Desarrollo Social, Marta Torres de Mansilla, y otros funcionarios, en la causa que los investiga por las denuncias de que mercadería aptas para consumo eran destinadas como alimento para chanchos. El dictamen ya fue elevado para que el tribunal lleve adelante el correspondiente juicio y fallo definitivo.
El fiscal García Olmedo considera que por los hechos en que se los denunció por la existencia de mercadería apta para consumo en el galpón de una finca de Nueva Coneta, los implicados deberían devolver en forma solidaria el valor de los productos encontrados en una suma que supera los 20 mil pesos. Puntualmente por el primer hecho, el importe es de $ 4.072,70, mientras por el segundo la suma equivale a $ 15.257,80.
Además, el fiscal consideró necesario aplicar multas particulares tanto a Torres de Mansilla en su carácter de ex secretaria de Desarrollo Social como también al resto de los funcionarios involucrados (Marino del Valle Varela, María Gabriela Melo González, Luis Alberto Carluccio Nieva, Carlos Dante Capittini, Adrián Guilllermo Ochoa, Lilia del Carmen Pérez, María Rosa Pérez, Maximiliano Brumec, José Carlos Brizuela, Luis Felipe Sosa, Juan Felipe Sosa, Víctor Marcelo Rosales y Maricel Zárate.
Los implicados ya fueron notificados y tiene diez días para ofrecer pruebas en su defensa. Ahora se abre la causa a prueba durante 30 días hábiles, que puede ser prorrogada a pedido de las partes. Vencido ese plazo se llama auto para resolver, remitiéndose las actuaciones por 15 días a Relatoria Legal, quien emite un dictamen aconsejando la resolución que puede tomar el Tribunal. Este dictamen no es vinculante.
De allí volverá el expediente al tribunal, quien en el plazo de 30 días tiene para emitir el fallo que, de ser no favorable para los involucrados, pueden apelarlo ante la Corte de Justicia de la Provincia, última instancia judicial existente. Según se conoció, hasta ahora el cien por ciento de los fallos emitidos por el Tribunal de Cuentas y que fueron apeladas terminaron siendo ratificados por la Corte de Justicia de la Provincia.