Implementarán protocolo para la atención de adolescentes punibles
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la subsecretaría de Familia, y la secretaría de Estado de Seguridad rubricaron esta mañana un acta acuerdo para la implementación del "Protocolo para la Actuación con Adolescentes Punibles”, como parte de un trabajo conjunto del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para unificar criterios entre los distintos operadores del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, de manera de resguardar "la integridad física de los adolescentes, haciendo un reconocimiento necesario de las diferentes problemáticas involucradas” al tratarse de jóvenes en conflicto con la ley.
Puntualmente, se busca "lograr un accionar profesional-especializado, con medidas expeditas y eficaces, estableciendo un criterio unificado de actuación, reorganizando de forma sistematizada los diferentes preceptos y trámites procedimentales relativos a esta temática; todo ello en pleno cumplimiento de los postulados de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad), Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y Ley provincial N° 5.357 del mismo tenor.
El ministro de Desarrollo Social, Daniel Barros, formalizó el convenio con el secretario de Seguridad, Marcos Denett; la subsecretaria de Familia, Cristina Rosales; y los jueces de Menores Fabricio Gershani Quesada y Rodrigo Morabito, ambos con jurisdicción en la Primera Circunscripción Judicial.
La puesta en marcha del Protocolo surgió a partir de una iniciativa del juez Gershani Quesada y su propuesta fue objeto de estudio de la subsecretaría de Familia, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nacional N° 26.061, Ley Provincial N° 5.291, y Ley Provincial N° 5.357; así como de la secretaría de Seguridad en el marco del importante rol que adquiere su intervención mediante el accionar de la Policía de la Provincia. Por otro lado, el juez Morabito realizó un análisis jurídico para garantizar el respeto de los principios de libertad y legalidad, entre otros, así como el pleno ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.
Características
Además de las disposiciones generales contenidas en el Anexo I, el Protocolo contiene otros cinco apartados en los que se establecen las líneas generales del trabajo con adolescentes punibles: Anexo II: Actuación policial ante la demora de adolescentes por la supuesta comisión de delitos en situación de flagrancia o cuasi – flagrancia. Anexo III: Procedimiento de intervención y abordaje de adolescentes punibles en el Centro de Admisión y Derivación. Anexo IV: Protocolo de actuación del personal policial ante procedimientos con adolescentes por faltas contravencionales establecidas en el Código de Faltas de la provincia. Anexo V: Protocolo de actuación policial ante casos de niños, niñas y adolescentes que se encuentren bajo los efectos de bebidas alcohólicas y/o sustancias psicoactivas. Anexo VI: Alojamiento de jóvenes punibles privados de libertad por disposición judicial.
Régimen cerrado
La aplicación del régimen cerrado para jóvenes punibles tendrá su espacio físico donde anteriormente funcionara la Comisaría del Menor y la Mujer (por calle 1º de mayo), adecuadamente acondicionado para la nueva finalidad, bajo la órbita de la subsecretaría de Familia. Según quedó estipulado, los adolescentes sólo podrán ser resguardados allí previa resolución judicial debidamente fundada. La custodia y cuidado estará a cargo del personal de la fuerza que la secretaría de Seguridad disponga, mientras que el abordaje interdisciplinario de los jóvenes a los fines de su reinserción social y familiar, se llevará a cabo por el Sistema de Protección Integral dependiente de la subsecretaría de la Familia del Ministerio de Desarrollo Social, debiendo ésta remitir los informes pertinentes respecto de la evolución del joven privado de la libertad al Juzgado de Menores correspondiente.