Intento de desalojo por conflicto familiar

La prensa dio cuenta la semana pasada, que Personal de la Comisaria de Aconquija, conjuntamente con el Grupo Especial Kuntur participó en el intento de desalojo de una persona que habita los terrenos que le fueron asignados a su hermano. En medio de un conflicto familiar, por lo que se produjo un intento de desalojo en la localidad de Aconquija.

Según la información, la justicia actuó por una medida judicial del doctor Fabián Vega Herrera, en la que se asigna a Juan Carlos Rojano la posesión de todas las fincas del Charquiadero, de aproximadamente 1000 hectáreas. En ese mismo terreno construyó su casa su hermano, Miguel Rojano, quien podría ser desalojado por esta cuestión.

En tal sentido, su hija, Eliana Rojano, comentó que su padre había formado una sociedad con su hermano Juan Carlos, alias el "Gringo”, luego de un conflicto familiar que se inició en el 2004 y que comenzó a dirimirse en la Justicia local.

La mujer afirmó también que su tío tiene una denuncia en su contra por "amenaza de muerte e intento de homicidio”. Al mismo tiempo, agregó que su padre padece hipoxia cerebral por ahorcamiento.

"En ese juzgado no hay justicia y me hago responsable de cada una de las palabras que digo, ellos me harán una querella, pero yo les voy a hacer un Jury de enjuiciamiento, es intolerable la justicia que hay en Andalgalá”, afirmó Eliana.

Los abogados de Miguel Rojano realizaron una presentación en la Cámara de Apelaciones para revertir el fallo impuesto y así evitar el desalojo.

Los familiares del directamente perjudicado por la decisión judicial, aseguraron que más allá de las cuestiones netamente jurídicas, lo que más les afectó fue la agresiva e intempestiva presencia del personal policial, que, armado hasta los dientes, con armas pesadas, literalmente patoteó la vivienda en la que se encontraban varios menores de edad, lo que les produjo un fuerte shock emocional por lo que tuvieron que ser asistidos por los médicos del lugar, por el estado catatónico en que quedaron luego de presencial el operativo.

Los afectados echan culpas sobre el Secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos Fabián Vega Herrera quien habría emitido la órden para que el allanamiento y desalojo se concretara, aún en presencia de esos menores cuya salud emocional quedó sustancialmente afectada, haciendo responsable al mencionado funcionario por cualquier consecuencia que pudieran sufrir los menores, quien tendrá que pagar los costos y acciones legales correspondientes.