Investigan a dos abogados acusados de quedarse con la indemnización de una joven abusada
Alfredo y Silvia Aydar fueron denunciados por presunta estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada. La víctima tiene 21 años y había recibido una millonaria reparación económica tras un caso de abuso sexual.
Una grave denuncia judicial sacude al ámbito legal de Tucumán luego de que los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar fueran acusados de presuntamente apropiarse de parte de la indemnización que había recibido una joven de 21 años víctima de abuso sexual, a quien representaban legalmente.
La causa está caratulada como “Aydar Alfredo y otro s/ estafa, retención indebida y administración fraudulenta agravada” y es investigada por el fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos N° 4.
Por disposición judicial, la identidad de la denunciante permanece bajo estricta reserva para evitar su revictimización.
Según consta en la investigación, la joven había obtenido una reparación integral del daño en el marco de una causa por abuso sexual. El acuerdo incluía la entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2023, valuada en aproximadamente 50 millones de pesos.
Posteriormente, el vehículo fue vendido por 33,5 millones de pesos a un allegado de Alfredo Aydar y, de acuerdo con la denuncia, allí habría comenzado la maniobra para desapoderar a la víctima de sus fondos.
La presentación judicial sostiene que el abogado le habría aconsejado no depositar el dinero en bancos argumentando posibles riesgos financieros y de seguridad. Según la acusación, esos planteos buscaban generar temor y dependencia para que la joven entregara el control total de su patrimonio.
“Estas afirmaciones no constituyeron simples consejos profesionales, sino un mecanismo para infundir temor y convencerla de entregar el manejo absoluto de sus bienes”, señala la denuncia incorporada al expediente.
Otro de los puntos bajo investigación es el destino que habrían tenido los fondos. La causa incluye audios y conversaciones de WhatsApp en los que Alfredo Aydar reconocería haber colocado el dinero en presuntos préstamos financieros en Santiago del Estero, prometiendo intereses mensuales del 2,5%.
Sin embargo, la auditoría preliminar detectó irregularidades: no existirían contratos firmados, garantías, domicilios identificados ni autorización escrita de la víctima para realizar esas operaciones.
Debido a estas maniobras, la Justicia analiza además una posible investigación federal paralela por presunta intermediación financiera no autorizada, ya que las operaciones se habrían realizado sin aval del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La denunciante también aseguró que los abogados retuvieron importantes sumas de dinero justificando supuestos honorarios profesionales vinculados a más de cien presentaciones judiciales, con un costo estimado de 650 mil pesos por cada escrito.
No obstante, la investigación sostiene que no existían convenios firmados ni documentación que respaldara esos cobros.
El Ministerio Público Fiscal intenta determinar si esos descuentos fueron utilizados como una maniobra para absorber ilegalmente parte de la indemnización obtenida por la joven.
La causa se tramita bajo perspectiva de género debido a la situación de vulnerabilidad de la denunciante. Según fuentes judiciales, la víctima no posee conocimientos legales, se encuentra desempleada y atravesó gran parte de los hechos investigados mientras cursaba un embarazo.
Actualmente, es madre de un bebé de dos meses y, según la acusación, el dinero de la indemnización representaba su único sostén económico.
Los investigadores estiman que el perjuicio económico superaría ampliamente los 30 millones de pesos.
En el marco de la causa, la jueza Cintia Rocha autorizó allanamientos simultáneos en el estudio jurídico de los hermanos Aydar y en el domicilio particular de Alfredo Aydar.
Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento y documentación digital y física que ahora será peritada para reconstruir el movimiento de los fondos y establecer las posibles responsabilidades penales.