Investigan a funcionarios por negociaciones incompatibles y secuestran documentos clave
Una investigación judicial encendió las alarmas en el Ministerio de Salud de Catamarca. Bajo la lupa de la Justicia se encuentran presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, un delito grave que pone en jaque a altos funcionarios del Gobierno provincial.
El fiscal de Instrucción N°4 del Distrito Oeste, Ricardo Córdoba Andreatta, lleva adelante la causa que avanza con procedimientos concretos: allanamientos, secuestros de documentación y registros en distintas oficinas públicas, entre ellas, las del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente.
Durante la última semana, se incautaron expedientes digitales y físicos que, según fuentes judiciales, serían clave para avanzar con las pruebas que sustentan la acusación.
El origen de la causa
La investigación comenzó en febrero, tras una denuncia presentada por un legislador provincial, quien acompañó documentación que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal. A partir de allí, se desplegaron una serie de medidas: recolección de pruebas, análisis de información administrativa y declaraciones testimoniales.
Con los elementos reunidos, el fiscal Córdoba Andreatta decidió imputar a tres personas:
Ana Gabriela Rizo, acusada como autora del delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en carácter de continuado”.
Caleb Carlos Elías Camji y Miryam Iris del Valle Carrizo, imputados como partícipes primarios.
Los tres imputados optaron por guardar silencio y no prestar declaración indagatoria, un derecho que les concede el Código Procesal Penal, pero que también suele generar sospechas en la opinión pública.
¿Corrupción estructural o caso aislado?
Si bien el expediente se encuentra en etapa de investigación, el caso ya genera un fuerte impacto político e institucional en Catamarca. La posibilidad de que funcionarios públicos hayan utilizado sus cargos para favorecer intereses personales revive el debate sobre la transparencia en la administración pública.
Desde el entorno del fiscal, dejaron trascender que los procedimientos continuarán y que “la causa no está cerrada ni mucho menos”. Podrían sumarse nuevas imputaciones conforme se analicen los documentos secuestrados esta semana.
La Justicia, bajo presión
El avance de la causa estará en el centro del debate político en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos y si finalmente la justicia logra avanzar sobre prácticas que durante años han sido parte del funcionamiento opaco de algunos sectores del Estado.