La fiscalía apunta a Cristina Kirchner como “destinataria final” de los sobornos
En el marco de la quinta audiencia del Caso Cuadernos, los fiscales que llevan adelante la causa detallaron las acusaciones contra los imputados y ubicaron a la expresidenta Cristina Kirchner como la figura central del esquema de coimas.
Según la fiscalía, Kirchner era la “jefa de la asociación ilícita” y la destinataria final del dinero proveniente de sobornos entregados por empresarios a funcionarios del Poder Ejecutivo.
Durante la audiencia, los representantes del Ministerio Público Fiscal explicaron que “la principal receptora de los sobornos garantizados por los empresarios a los empleados públicos era Cristina Elisabet Fernández, que tomaba posesión final del dinero otorgado por privados. Ella resultó la única con capacidad real y efectiva para decidir qué hacer con el dinero recibido en carácter de coima”.
Los escondites del dinero
La fiscalía detalló que gran parte de los fondos entregados a los integrantes de la asociación ilícita era trasladada a inmuebles vinculados a Cristina Kirchner, incluyendo la Quinta de Olivos, la Casa de Gobierno y un departamento en la intersección de Juncal y Uruguay, en la Ciudad de Buenos Aires. Según indicaron, estas locaciones funcionaban como puntos de acopio del dinero de los sobornos antes de ser distribuidos o administrados por la expresidenta.
Cómo funcionaba el esquema
En la audiencia también se explicó la estructura del esquema de coimas:
Roberto Baratta: identificado como el comunicador y receptor inicial de los pagos.
José López y otros intermediarios: actuaban como intermediarios finales, trasladando el dinero hacia los lugares de almacenamiento.
Cristina Kirchner: la destinataria final de los fondos, con plena capacidad para decidir sobre el destino del dinero y su utilización.
Los fiscales destacaron que los aportes de imputados colaboradores confirmaron la participación directa de Cristina Kirchner en la recepción de los sobornos, recibiendo dinero de empresarios para garantizar su influencia y favorecer decisiones a su favor. Según la fiscalía, era la única con control efectivo sobre la mayoría de los fondos entregados en carácter de coimas, consolidando su rol en el núcleo del esquema fraudulento.
El caso continúa su curso en el TOF 7, donde los fiscales buscan establecer la responsabilidad penal de cada involucrado y determinar cómo se distribuyeron los fondos en el marco de la asociación ilícita.