La Justicia designó juez director para el nuevo juicio por el homicidio del policía Chávez
En cumplimiento de un fallo de la Corte de Justicia, este lunes se realizó la audiencia prevista en el artículo 24 de la Ley 5719 para el sorteo público del juez director y jueces suplentes en la causa por el homicidio del policía Diego Chávez, ocurrido en la ciudad Capital.
La audiencia se desarrolló en el marco del expediente Nº 23/2023, caratulado “Aguilar, José Javier s.a. Homicidio calificado por ser cometido contra un miembro de las Fuerzas de Seguridad en calidad de autor”, y contó con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa técnica —de manera remota— y el imputado.
Como resultado del sorteo, fue designado como juez director el Dr. Fernando Damián Esteban, mientras que los Dres. Daniela Barrionuevo y Mauricio Navarro Foressi fueron nombrados jueces suplentes.
El caso
El antecedente de la causa se remonta a abril de 2022, cuando el policía Diego Chávez fue asesinado en la Capital. Por ese hecho, José Javier Aguilar fue declarado culpable en un juicio por jurados y condenado a 25 años de prisión.
No obstante, la Corte de Justicia anuló ese veredicto, al considerar que existieron errores en el procedimiento, específicamente relacionados con el accionar del entonces juez director, Marcelo Soria.
Según el fallo del máximo tribunal, el magistrado excedió sus funciones al responder una consulta del jurado durante la etapa de deliberación, ya que transmitió únicamente los argumentos de la Fiscalía, omitiendo los planteos de la defensa. Para la Corte, esa intervención condicionó la decisión del jurado popular, configurando un vicio procesal que obligó a ordenar la realización de un nuevo juicio.
Qué se definirá en el nuevo proceso
La culpabilidad de Aguilar no está en discusión, ya que el imputado reconoció el hecho. El nuevo juicio deberá establecer si el crimen se encuadra como homicidio simple o homicidio agravado, una definición clave que impactará directamente en la pena.
Según la calificación que finalmente adopte el tribunal, la condena podría oscilar entre 8 y 25 años de prisión, o bien derivar en una prisión perpetua.