Legisladores trabajan sobre una ley de ética en la función pública

Iniciado por la diputada Paola Bazán, el proyecto que apunta a lograr una mayor transparencia en la gestión pública obtuvo hoy despacho favorable por parte de los miembros de la comisión del legislación general.

 

Subrayando que la honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana, constituyen pilares fundamentales que deben regir la conducta de los funcionarios y empleados; encargados y responsables del manejo de la cosa pública. La necesidad de contar con una ley de ética pública que sistematice y tipifique estas conductas, estableciendo deberes y pautas de comportamiento, resulta impostergable.

 

En este entendimiento, se destaca que el régimen de esta ley de ética en la función pública tiene como finalidad principal el convertirse en una herramienta preventiva. Por ello, salvo casos particulares, no constituye función de la norma la generación de un régimen sancionador, el que, por otra parte, resultaría difícilmente compatible con las diferentes categorías de relaciones jurídicas públicas que existen en nuestro derecho positivo. Las remisiones generales que contiene la norma respecto a "otro tipo de sanciones que pudieren corresponder”, "la responsabilidad que en cada caso corresponda”, justamente, son generales para congeniar con el amplio ámbito de aplicación personal que tiene la norma.

 

En consecuencia, implica remitir a las normas del Código Civil y Penal; a la Constitución de la Provincia y las leyes reglamentarias en materia de responsabilidad del funcionario público; a las sanciones disciplinarias o al sólo efecto de la evaluación por parte de la autoridad de nombramiento de dicha circunstancia.

 

Es por ello, que el texto normativo propuesto se ajusta a la diversidad de responsabilidades a las que están sujetos quienes desempeñan funciones públicas en sentido general.