Liberan a la abogada argentina acusada de racismo, pero no podrá volver al país
Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro por injuria racial, seguirá el proceso en libertad vigilada, con tobillera electrónica y prohibición de salir de Brasil. El caso generó fuerte repercusión en Argentina y reavivó el debate sobre racismo y sanciones penales en el exterior.
La Justicia de Río de Janeiro ordenó la liberación de la abogada argentina Agostina Páez, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, quien había sido detenida por el delito de injuria racial, una figura que en la legislación brasileña está equiparada al racismo y contempla penas severas.
La decisión judicial revocó la prisión preventiva solicitada por los fiscales, quienes habían argumentado riesgo de fuga y posible intimidación de testigos. No obstante, el tribunal resolvió que la joven continúe el proceso en libertad, aunque bajo estrictas condiciones: deberá portar una tobillera electrónica, tiene prohibido salir de Brasil y permanecerá sometida al control judicial.
El caso se originó el pasado 14 de enero, cuando Páez fue denunciada por presuntos gestos y expresiones discriminatorias hacia empleados de un bar ubicado en el barrio de Ipanema, uno de los puntos turísticos más concurridos de Río. Tras el incidente, la abogada quedó sujeta a medidas cautelares, entre ellas la retención inicial de su pasaporte y la vigilancia electrónica.
La situación se agravó días atrás, cuando el Ministerio Público Fiscal solicitó su prisión preventiva al considerar que las medidas vigentes no eran suficientes. Incluso, horas antes de su detención, la Justicia había rechazado un habeas corpus presentado por la defensa para permitirle regresar a la Argentina y afrontar el proceso desde su país.
Finalmente, el tribunal resolvió que Páez no irá a la cárcel, pero tampoco podrá abandonar territorio brasileño hasta que se resuelva su situación judicial. El expediente está en manos del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien definirá los próximos pasos del proceso.
El delito de injuria racial en Brasil prevé penas de entre 2 y 5 años de prisión y no admite excarcelación mediante fianza, lo que explica la gravedad con la que fue tratada la causa y la rápida intervención judicial.
La defensa de la abogada, encabezada por Sebastián Robles, sostiene que el episodio ocurrió tras provocaciones previas y calificó la prisión preventiva como desproporcionada. “Agostina siempre se presentó ante la Justicia y cumplió todas las medidas. No existen peligros procesales reales”, afirmó el letrado, quien también señaló que el caso podría estar atravesado por un mensaje ejemplificador debido a la sensibilidad social que tiene el racismo en Brasil.
Desde el entorno familiar expresaron una profunda preocupación por el estado emocional de la joven. Su padre, Mariano Páez, aseguró que su hija se encuentra “aterrada” y denunció que recibió amenazas, lo que motivó un cambio de domicilio por razones de seguridad. La familia analiza viajar a Brasil para acompañarla durante el proceso.
La Embajada argentina en Brasil confirmó que brindó asistencia consular, aunque aclaró que no interviene en las decisiones judiciales del país vecino.
Mientras tanto, el caso sigue generando repercusión tanto en Brasil como en Argentina, no solo por la situación personal de la abogada, sino también por el fuerte debate que reabre sobre racismo, responsabilidad individual y las consecuencias legales que enfrentan los argentinos cuando cometen delitos en el exterior.