Milei impulsa el “Súper RIGI”: beneficios por 30 años para atraer proyectos millonarios

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca captar inversiones de al menos 1.000 millones de dólares en sectores estratégicos como inteligencia artificial, hidrógeno, semiconductores y biotecnología. La iniciativa contempla ventajas impositivas, cambiarias y regulatorias de largo plazo.

ECONOMIA

El Gobierno nacional remitió al Congreso de la Nación el proyecto de ley para crear el denominado “Súper RIGI”, un nuevo régimen destinado a fomentar la llegada de grandes inversiones en industrias de alto valor agregado y desarrollo tecnológico.

La iniciativa, enviada a la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026 y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, propone un esquema de incentivos fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios para proyectos de gran escala que se instalen en el país.

El nuevo programa, denominado oficialmente “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, apunta a sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico y la innovación tecnológica. Entre ellos figuran la inteligencia artificial, la producción de hidrógeno, el gas natural licuado (GNL), los semiconductores, la biotecnología avanzada, la infraestructura digital estratégica, las baterías de litio y los reactores nucleares modulares.

El proyecto establece que podrán acceder al régimen únicamente aquellas inversiones que superen los 1.000 millones de dólares. Además, las empresas deberán comprometer al menos el 20% del monto total durante los primeros dos años posteriores a su adhesión.

Entre los principales beneficios previstos se destacan una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, devolución del IVA mediante certificados fiscales, exenciones en derechos de importación y exportación, menores cargas sobre dividendos y estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria por un período de 30 años.

Asimismo, contempla una reducción de las contribuciones patronales al 10% para los nuevos puestos de trabajo generados por los proyectos alcanzados por el régimen.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta está relacionado con el acceso a las divisas provenientes de exportaciones. El esquema prevé que las empresas puedan disponer libremente del 20% de los dólares generados luego del primer año de exportación, del 40% a partir del segundo año y del 100% desde el tercer año en adelante.

Según el Gobierno, estas condiciones buscan brindar previsibilidad a largo plazo y generar un entorno competitivo frente a otros países que actualmente captan inversiones en sectores tecnológicos e industriales de vanguardia.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la Argentina perdió competitividad durante décadas debido a la inestabilidad normativa, la elevada presión tributaria y las restricciones cambiarias.

Por ese motivo, el nuevo régimen busca posicionar al país como un destino atractivo para inversiones vinculadas a actividades innovadoras y de alto impacto productivo, con capacidad para generar empleo calificado, aumentar las exportaciones y desarrollar proveedores locales.

La iniciativa también aclara que no podrán ingresar emprendimientos que constituyan simples ampliaciones o reconversiones de actividades ya existentes, ya que el objetivo es promover sectores nuevos o en etapas experimentales dentro de la economía argentina.

El proyecto establece además que las provincias y municipios deberán adherir formalmente al régimen para que las empresas puedan acceder a los beneficios previstos. Las jurisdicciones deberán garantizar estabilidad fiscal y condiciones compatibles con el desarrollo de inversiones de gran escala.

El Gobierno sostiene que este nuevo esquema forma parte de una estrategia orientada a transformar la matriz productiva nacional e incrementar la participación argentina en las cadenas globales de valor vinculadas a las tecnologías y energías del futuro.

Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser debatida y aprobada por ambas cámaras del Congreso.

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