El FPV negó persecución política al ex gobernador
El presidente del bloque del FPV de la Cámara de Diputados, Roberto Perrota, negó que las denuncias penales efectuadas por el Gobierno en contra del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral por la supuesta falta de rendiciones de cuentas durante los años 2008, 2009 y 2010, sean una “persecución política”, hacia el líder radical, sino que están apoyadas en la necesidad de aclararle a la sociedad qué se hizo con la plata no rendida.
Perrota aclaró que no es intensión del actual gobierno ni de la primer mandataria Lucía Corpacci, “perseguir a alguien en particular. Estamos convencidos de que todo se debe resolver en la justicia ya que es una situación que compromete a toda la provincia y no tiene que ver con una persona en particular”. “Esto tiene que ver con la transparencia y la explicación a la sociedad de qué se ha hecho con esa suma”, explicó.
El diputado kirchnerista cuestionó a su par del FCS, Marita Colombo, quien deslizó que la denuncia penal en contra del ex gobernador, también debería incluir a la actual gobernadora, Lucía Corpacci, que ese momento era vice de Brizuela del Moral.
“Colombo confunde todo, la ex vicegobernadora, actual gobernadora, en aquella gestión era la presidenta del Senado y administraba un poder distinto, pero la ejecución de las políticas son responsabilidad exclusiva del gobernador de la provincia, y a partir de ahí se pueden determinar las responsabilidades de quienes le siguen”, fustigó.
Perrota dijo que el FCS “está tratando de desviar la atención; porque este gobierno no sólo no se siente impotente, sino que ha demostrado una gran capacidad de gestión, llevando soluciones y generando proyectos nuevos. Creo que el FCS es una porción política agotada, que está navegando en aguas turbulentas y no tiene más discurso que hablar de la inoperancia de este gobierno”.