El 3 de octubre se dará el veredicto sobre Rauzzino en la causa Ponce/Borda

Así lo dispuso el Tribunal Oral Federal de Salta, que entiende en el caso, presidido por Liliana Snopek e integrado además por Mario Marcelo Juárez Almaraz y Federico Santiago Díaz, al cabo de la compleja teleconferencia tripartita, que hasta pasado el mediodía de hoy se desarrolló en forma simultánea, desde tres escenarios distintos, en la capital salteña, Catamarca y Buenos Aires.

En el TOF salteño estaban constituidos los citado jueces intervinientes, en la sede del TOF local (ex Banco de Desarrollo) se encontraban el fiscal de la causa Rafael Vehil Ruiz, el representante de la querella y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Guillermo Andrés Díaz Martínez, y el defensor de Rauzzino, Lucio Montero; mientras que en la Cámara de Casación en los tribunales de Comodoro Py, en la ciudad de Buenos Aires, lo hacía el ex militar y ex jefe de Policía de Catamarca, imputado en los hechos que se investigan.

Inicialmente la secretaria del TOF de Catamarca, Constanza  Oviedo, informó que la demora en el inicio de la audiencia –prevista originalmente a las 11 hs.- obedeció a que "cuando se fue a buscar al imputado Rauzzino, éste se encontraba descompensado en el Hospital Italiano, y una vez que regresó a su domicilio el personal de Policía Federal recién pudo trasladarlo hasta la Excelentísima Cámara de Casación”, sita en la sede de los tribunales porteños, pasado el mediodía.

Abierto el debate se le dio la palabra la fiscal Vehil Ruiz, quien ratificó los argumentos que derivaron en la condena de Rauzzino -dada en Catamarca el 15 de junio de 2012- a 10 años de prisión por considerarlo "coautor material penalmente responsable (junto con el ex general Alberto Carlos Lucena) de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Griselda del Huerto Ponce y Julio Genaro Burgos; todo en concurso real”.

Por la misma causa, y con los agregados como víctimas de Nelly Yolanda Borda y Francisco Gregorio Ponce, Lucena quien fuera jefe del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada y gobernador facto en Catamarca desde el 24 de marzo de 1976, fue condenado a 16 años de prisión, también como "coautor material penalmente responsable de la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de organizador, autor mediato penalmente responsable de la comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada; todo en concurso real”.

Sin embargo, Lucena de 98 años, quien también era perseguido en la megacausa de La Perla, en Córdoba, fue sobreseído y apartado del caso "Ponce-Borda I” por "incapacidad sobreviniente", de acuerdo a estatuido por el artículo 77 del Código Procesal Penal. Los abogados del represor habían esgrimido que padece "un cuadro de demencia irreversible”. En este caso, la decisión fue adoptada por este mismo TOF salteño a través de los jueces Marta Liliana Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz, con la disidencia Federico Santiago Díaz.

En la continuidad de la audiencia de hoy, después habló el querellante Díaz Martínez ratificando hasta con elogios los fundamentos acusatorios del fiscal Vehil Ruiz, incriminando a Rauzzino como ejecutor y facilitador del secuestro y detención ilegítima de Griselda Ponce y Julio Burgos, además de responsable en asociación ilícita por el traslado de los mismos a campos de detención en Tucumán, desde donde posteriormente desaparecieron "con el seguro y lamentable destino de sus muertes”, enfatizó.

Las intervenciones de Vehil Ruiz, como de Díaz Martínez, merecieron la aprobación, por momentos con aplausos de parte de los familiares de las víctimas, entre quienes se contaban Noemí Toledo Ponce, sobrina y prima de los desparecidos Ponce y Burgos, Dercy Borda y Fresia Gladys Borda hermanas de Nelly Yolanda, y el Prof. Carlos Leiva, de la comisión de derechos humanos de Belén. También estaban la diputada nacional Verónica Mercado y representantes de distintas organizaciones de derechos humanos, como de asociaciones de familiares y amigos de detenidos, desparecidos y muertos durante la dictadura del "proceso”.

Posteriormente llegó el turno del defensor de Rauzzino, Lucio Montero, quien tratando de invalidar la postura del fiscal Vehil Ruiz afirmó que "en la causa no están acreditados ninguno de los hechos que se imputan a mi defendido”, y describió que "hasta por cuestiones de jurisdicción los traslados de los detenidos de Catamarca (en aquella época) eran hacia Córdoba y no ha Tucumán, donde la fiscalía sostiene que se vio a Ponce y Burgos”.

Expuestas las posiciones de las partes, desde Salta, la jueza Liliana Snopek comunicó que tras el análisis de los puntos de vista aportados, y cotejados éstos con el contenido de la causa, el nuevo veredicto será conocido el 3 de octubre próximo, a las 11 hs., con la misma modalidad de audiencia.

Concluido el acto, los familiares tanto de Ponce y Burgos, como de Borda, mostraban su desencanto por el nuevo diferimiento de la sentencia, señalando que "lo único concreto es que deberemos volver el 3 de octubre”, aunque esperanzados en que "ahora el tribunal tendrá la oportunidad de hacer justicia”.