Un papelón innecesario

La actuación del director de Inspección Laboral de la provincia, Dr. Adolfo Castellano, disponiendo la clausura de la Municipalidad de Ancasti, resultó verdaderamente impresentable y un papelón innecesario para la gestión de la gobernadora, Dra. Lucía Corpacci. La salida del funcionario aparece como el correctivo ejemplificador para garantizar que el gobierno provincial no comparte este tipo de atropellos.

Adolfo Castellano
POLITICA

“Se pasó de rosca” admiten en el oficialismo, desde donde no ha surgido una sola voz para defender semejante bravuconada, que -como la de todo comedido- no quedó para nada bien. Incluso, rápidamente, el ministro de Gobierno salió a pedirle la renuncia a Castellano, ni bien regresó de Ancasti, donde debió pasar el trago amargo de disculparse ante la intendenta Blanca Reina y el senador consorte Ricardo Boggio, quien aprovechó para “cascotearlo” a reproches.

Puede ser cierto que en la impunidad de su extenso “reinado”, protegido desde los pretéritos tiempos del “castillismo”, las autoridades ancasteñas estén incumpliendo con algunas normas y hasta cometiendo algunas irregularidades, pero la clausura lisa y llama no es el modo de proceder para corregirlos.

Tal vez esa comuna no reúna todos los requisitos establecidos por la Ley de Higiene y Seguridad Laboral, que no disponga de baños diferenciados por sexos, que no cuente con matafuegos o que no tenga contratada una ART por los eventuales riegos por accidentes de trabajo, como también podría estar fraguando los recibos de sueldos, como argumentó Castellano para describir que había advertido “irregularidades de graves a gravísimas”. Pero ello no justifica una resolución, prácticamente de facto, ordenando la clausura del municipio.

Antes, este mismo director de Inspección Laboral, que por quejas de la dirigencia sindical local no tiene igual celeridad con las patronales que incumplen con las leyes laborales, sobre todo en el sector privado,  debió notificar las observaciones registradas, advertir acerca de sus incumplimientos y emplazar preventivamente a la regularización de lo que había entendido como anomalías en la relación de la comuna de Ancasti con sus trabajadores.

La actitud del funcionario no cosechó ninguna adhesión, ni siquiera de un gremio estatal, ni de los propios trabajadores afectados, a quienes lejos de defender obligó a un repliegue de cualquier demanda justa, y hasta permitió un nueva carga de oxígeno contestario para el Frente Cívico y los radicales catamarqueños, que no obstante su pasado “golpista” y “procesista”, ahora se animaron a definir al caso como verdaderamente “bochornoso”, siguiendo la línea de su diario de cabecera, y hasta reclamar y repudiar esta “actitud antidemocrática”.

Finalmente, debe ser cierto que a la gobernadora Corpacci y al peronismo en general les interese recuperar electoralmente al departamento de Ancasti, para ampliar su número de representantes en el Senado de la provincia, cuando en octubre venidero el “vitalicio” Boggio deba poner en juego su banca, pero es también rigurosamente sensato pensar que con actitudes como la de Castellano, difícilmente lo logren.

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