Piden informes por la mala calidad de la telefonía móvil

Según la iniciativa, Defensa al Consumidor deberá remitir información sobre:

• Cantidad de demandas hechas en los últimos 5 años por beneficiarios de telefonía móvil ante esa Dirección, por quejas en el servicio de telefonía celular.

• Reclamos hechos por esa Dirección a las empresas de telefonía móvil y/o al ente nacional regulador de la prestación de servicio de telefonía móvil; teniendo en cuenta el deficiente servicio prestado a los beneficiarios de la Provincia de Catamarca.

• Sanciones impuestas por la Dirección de Defensa al Consumidor a las empresas de telefonía móvil por la baja calidad en la prestación de servicios.

Asimismo, Figueroa Castellanos solicita a los legisladores nacionales por Catamarca “realizar los reclamos pertinentes frente a los organismos nacionales de contralor y/o frente a las empresas privadas prestadoras del servicio”.

“En el último año, los usuarios de teléfonos celulares ganaron derechos largamente esperados, entre ellos, el de conservar el número al cambiar de empresa (portabilidad numérica) y el de pagar por las llamadas sólo a partir del momento en el que alguien atiende, recibieron compensaciones por problemas que hicieron caer el servicio por horas. Estos son avances que todos reconocen. Sin embargo, expertos en telecomunicaciones, organismos de control y asociaciones de usuarios dicen haber realizado las denuncias pertinente a las fallas en la cobertura, precios altos, sobrefacturación, modificación de tarifas sin previo aviso, zonas sin servicio 3G, etc”, señala el legislador en los argumentos del proyecto.

Y seguidamente agrega: “La expansión de los smartphone potenció el tráfico de datos, y la capacidad de las redes no creció al mismo ritmo. En consecuencia, en las zonas más pobladas, los canales se saturan, lo que se traduce en llamadas que se cortan, mensajes demorados y un servicio de Internet lento e intermitente, fraccionamiento por minuto (lo que en los 90 se fraccionaba cada 10 segundos), el vencimiento de la carga, tiempos de espera prolongados para la atención al cliente”.

En otro punto, Figueroa Castellanos se apoya en asociaciones de usuarios que aseguran que los argentinos pagan tarifas caras. “La afirmación tiene sustento: el último estudio del Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información ubicó a Argentina como el tercer mercado móvil más caro entre 62 países, tomando los precios en dólares con paridad de poder adquisitivo de una canasta de servicios”, grafica.

“Y además, se cuestiona que el sistema resulta injusto porque los usuarios prepagos abonan precios por minuto hasta 6 veces más caros que los de un abono. Por esto, la Auditoría General de la Nación advirtió que la modalidad de recargas es discriminatoria y perjudicial para los usuarios. En Argentina, en los ’90 el costo de la llamada se fraccionaba cada 10 segundos, a diferencia de las empresas hoy facturan por minuto, el que habla 1 minuto y 5 segundos debe pagar el precio de 2 minutos, por lo cual la empresa gana dinero por servicios que nunca brindó. Otro cuestionamiento es para los plazos de vencimiento de las recargas, que según la Auditoría son exiguos y presionan al usuario a consumir más para no perder algo que compró. Con los celulares nuestro dinero se vence. Según ensayos sobre tres grandes prestadores y lleva normalmente entre 47 y 52 minutos al teléfono, entre la espera y las distintas etapas en las que el usuario debe explicar su problema varias veces a distintas personas y, a veces para colmo, no dan una solución. Con el objeto de establecer las acciones del Poder Ejecutivo Provincial y de nuestros Legisladores Nacionales, en relación a la mala calidad del servicio de telefonía móvil en nuestra provincia es que solicito a los Sres. Senadores, me acompañen con el presente proyecto”, finaliza la iniciativa.