Los planes y los contratos precarios de Brizuela son "ilegales"
Lo admitió Eduardo Tapia, director de Inspección Laboral del propio gabinete brizuelista. El funcionario aseguró que tanto los planes sociales como los contratos de locación de obra que se implementan en la Administración Pública serían figuras ilegales cuando las implementan organismos públicos.
No falta mucho para que los propios funcionarios de Eduardo Brizuela del Moral comiencen a revolear la media. Esta vez fue el turno del director de Inspección Laboral del propio gabinete brizuelista, Eduardo Tapia, hasta donde se sabe, enrolado en el PUC de Pedro Casas, fuerza con unas ganas locas de sumarse al kirchnerismo ni bien les habrán una puerta.
Tapia realizó semejantes declaraciones luego de que empleados de su área reclamaran el pase a planta permanente y abandonar este tipo de relación laboral, como se está realizando desde el trágico 13 de marzo, cuando el resultado electoral confirmó el fin del mandato del Frente Cívico y Social.
En ese contexto, Tapia indicó que "sería una hipocresía decir que está bien (implementar contratos) porque somos el organismo con competencia para atender estas cuestiones. No podemos decir que un contrato o un beneficio de plan social sea lo adecuado".
Con respecto a los planes de empleo, el funcionario recordó que nacieron en 2001 como un paliativo ante la crisis económica del país, pero interpretó que se trataba de un programa transitorio de empleo, y que no estaba previsto que a 2011 siga existiendo.
En relación a los contratos de locación de obra que se implementan en la Administración, Tapia dijo que "el contrato existe como modalidad contractual, pero no debería serlo en ámbitos de la Administración Pública. Por ejemplo en la parte privada se contrata a una persona para que realice el oficio, se hace el contrato de obra y se fija el tiempo. Pero el que contrata no puede establecer horarios de trabajo, ni cuanto sale el mismo, ni puede poner sanciones, eso lo determina el trabajador".
Según dijo, "estos contratos son legales, pero empiezan a aparecer como figuras ilegales o ilegítimas a través de los contratos que se firman en organismos estatales. Por ahí quienes están beneficiados con esos contratos están mejor que los desocupados, porque el desocupado no tiene ingresos y estas personas cobran algo de dinero, más allá de las cuestiones legales (SIC)".