Polémica por un presunto acuerdo militar con EE.UU. para combatir cárteles
El Gobierno nacional habría firmado compromisos de cooperación en materia de defensa con Estados Unidos que podrían involucrar a las Fuerzas Armadas argentinas en acciones contra cárteles del narcotráfico y organizaciones terroristas. La situación generó debate político y jurídico por el posible alcance de estas medidas.
Según trascendió, el ministro de Defensa, Carlos Presti, habría rubricado una declaración conjunta durante una conferencia anticárteles realizada en la sede del Comando Sur en Florida. El encuentro fue convocado por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, con el objetivo de fortalecer la cooperación regional frente al crimen organizado.
El documento promovería la ampliación de las relaciones de seguridad en el hemisferio occidental bajo la doctrina de “paz a través de la fuerza”, además de impulsar acciones coordinadas contra el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico ilícito.
Entre los puntos más sensibles, se mencionaría la posibilidad de entrenamiento de personal argentino por parte de instituciones militares estadounidenses y la eventual participación en operaciones conjuntas destinadas a desarticular estructuras criminales.
Asimismo, durante una cumbre regional posterior, el presidente Javier Milei habría adherido a un documento que plantea coordinar esfuerzos internacionales para limitar el control territorial y las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.
Cuestionamientos legales y políticos
Especialistas en derecho constitucional y dirigentes de la oposición advirtieron que estos compromisos podrían entrar en tensión con la legislación vigente, como la Ley de Defensa Nacional, que establece que las Fuerzas Armadas deben actuar ante agresiones externas provenientes de otros Estados, y la Ley de Seguridad Interior, que asigna la lucha contra el narcotráfico a fuerzas policiales y de seguridad.
En ese contexto, legisladores evalúan impulsar pedidos de interpelación al ministro de Defensa para que brinde precisiones sobre el alcance jurídico y operativo del acuerdo.
El debate gira en torno a si el Ejecutivo habría asumido responsabilidades que podrían modificar el rol tradicional del instrumento militar argentino, en un escenario regional donde la seguridad y el crimen organizado se mantienen como temas prioritarios en la agenda política.