"Preocupación" por la prisión domiciliaria para Rauzzino y Lucena
El secretario de DDHH de Nación, Martín Fresneda, lamentó "el criterio de algunos tribunales y fiscales" que investigan delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, como el que condenó al ex jefe del Regimiento de Infantería 17, Carlos Lucena, y al ex jefe de Policía, Juan Rauzzino, a la pena de 16 y 10 años de prisión, aunque no en dependencias carcelarias.
Si bien el funcionario celebró la realización de ese proceso, porque "permitió comprobar el entramado represivo y los resortes del terrorismo de Estado" en la provincia, criticó que la pena sea de cumplimiento "en prisión domiciliaria", tal la resolución del tribunal Oral Federal catamarqueño, integrado por Juan Carlos Reynaga, Eduardo Gabriel Casas y José Camilo Quiroga Uriburu.
Sin apuntar directamente contra ellos, Fresneda lamentó que haya quienes "basan sus sentencias y acusaciones en figuras que tienen menor pena, como privaciones ilegítimas de la libertad, a pesar que deberían aplicar otros tipos penales como el de homicidio calificado, que habilitan a condenas más acordes a la gravedad de estos hechos, tratándose de desapariciones forzadas".
En el juicio, iniciado el pasado 23 de abril, declararon 50 testigos y se investigaron las desapariciones y posteriores muertes de Francisco Ponce, de su hermana Griselda Ponce, de su sobrino, Julio Genaro Burgos y de Nelly Yolanda Borda, ocurridas entre 1976 y 1977. El funcionario recordó que la querella de parte de la Secretaría a su cargo pidió que se los condene por "homicidio calificado", criterio que fue rechazado por el Tribunal, y que se les revoque la prisión domiciliaria y fueran enviados al Penal de Miraflores.
Lucena y Rauzzino fueron acusados por la desaparición y muerte de Francisco Ponce, su hermana Griselda del Huerto Ponce, el sobrino de ambos, Julio Genaro Burgos, y la estudiante Yolanda Borda.